El Tribunal Oral Federal 2 de Salta, integrado por Abel Fleming (presidente), Gabriela Catalano y Domingo Batule, hizo suyas las penas que habían solicitado ayer los fiscales Carlos Amad, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila: ocho años de prisión para Gentil y siete para Guil.
Con la lectura del tramo dispositivo de la sentencia, los magistrados dieron a conocer también los fundamentos del fallo, exposición que Gentil escuchó a través del sistema de videoconferencia desde Buenos Aires y Guil, en los tribunales federales salteños.
El juicio comenzó el 29 de mayo último y, tras cuatro audiencias, hoy llegó a su fin con la condena de los dos represores como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal con el de imposición de tormentos, agravados por ser la víctima un perseguido político.
Además de Gentil, que era el jefe de la Policía de Salta al momento de los hechos, y de Guil, quien se desempeñaba como director de Seguridad de esa fuerza, en esta causa estaba imputado hasta su fallecimiento Ernesto Federico Livy, quien en la época investigada era delegado de la Policía Federal en Salta.
La causa judicial consideró acreditado que los acusados, ahora condenados, secuestraron a Uro en su domicilio del barrio Finca Independencia, en la zona sudeste de la ciudad de Salta y lo trasladaron a la Jefatura de Policía, donde lo torturaron durante varios días y luego la víctima fue confinada a la casa del comisario Livy hasta su liberación, dos semanas después.
Uro había conformado una cooperativa de trabajo dedicada a carpintería y herrería en terrenos de Finca Independencia otorgados por la gestión del gobernador salteño Miguel Ragone, quien a su vez fue desplazado del cargo mediante una intervención federal en noviembre de 1974 y secuestrado y asesinado por militares y policías el 11 de marzo de 1976.
En la primera jornada de este juicio declararon, entre otros testigos, Arnaldo Goenaga, asesor de Ragone; Lucrecia Guanca, hija de Uro; el ex policía Ángel Roberto Adán y el ex dirigente de la CGT Julio Aguirre.
En la segunda audiencia, el testigo Héctor Cristian Pinto, que declaró por videoconferencia desde la ciudad de La Plata, contó que también él fue capturado en la casa de su padre y trasladado a la Jefatura de Policía provincial en 1975, junto a Uro y habló del papel de los acusados en ese circuito represivo.
Uro no llegó a declarar ya que falleció el año pasado, pero los testimonios y pruebas reunidas permitieron establecer que los delitos investigados comprendieron la privación ilegal de la libertad de la víctima durante un total de cuatro semanas y se sucedieron entre septiembre y diciembre de 1975.
El testimonio de Pinto y un pedido de informes de la inteligencia policial sobre Uro por "cuadruplicado", fechado en septiembre de 1975 y sin vinculación con expediente judicial alguno, confirmaron que se trató de una persecución ilegal perpetrada desde el aparato del Estado.
