Luego de haber sido absuelto, con escándalo, por cuatro votos a tres, por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el viernes pasado, Temer tiene por delante el panorama judicial referente a la investigación que le abrió el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) por corrupción, obstrucción de la justicia y asociación ilícita.
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, debe definir en la próxima semana, según fuentes judiciales, si hace la denuncia contra Temer por el supuesto aval al pago de sobornos registrado en una conversación que mantuvo con el dueño del frigorífico JBS, Joesley Batista, un delator que lo grabó conversando sobre coimas y compra de fiscales y jueces.
Esta crisis iniciada en mayo para Temer tiene sus tiempos judiciales: a partir de la denuncia del fiscal general, el caso debe ser enviado al STF, que a su vez la enviará a la Cámara de Diputados.
La cámara baja debe votar (necesita dos tercios) si acepta o rechaza la denuncia, ya que se trata de definir si el presidente será procesado.
El trámite parlamentario puede estar listo para fines de agosto y principios de septiembre, y depende del presidente de Diputados y primero en la línea de sucesión presidencial, Rodrigo Maia.
El proceso de votación es similar al de un juicio político, pero si es aceptada la denuncia del fiscal el caso será no juzgado por el Senado sino por el STF, con el mandatario apartado por 180 días, hasta tener un veredicto.
Según la TV Globo, Janot, que está reuniendo pruebas en la investigación sobre Temer y la grabación que le hizo Batista, incluirá el caso de Rodrigo Rocha Loures, ex asesor presidencial filmado llevando 500.000 reales dada por JBS supuestamente con Temer también como destinatario.
