"En este lugar se secuestró, se torturó, se desapareció y esto se repitió por todas la provincia y el país", expresó el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, durante el acto que se concretó hoy con la participación también de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y la municipalidad de Morón.
Cantón dijo que "la señalización de los ex centros clandestinos de detención es una política del Estado provincial, es la construcción de la memoria, es la reparación a las víctimas" y que, "con la señalización de la ex RIBA, estamos dando un paso más en ese sentido”,
Cantón también destacó que la señalización apunta también a garantizar el compromiso estatal de preservar el valor probatoria que tiene para causas judiciales por delitos de lesa humanidad sitios emblemáticos del terrorismo de estado, como este ubicado en el cruce de las calles San Martín y Entre Ríos, de la ciudad de Morón.
La ex RIBA fue parte del aparato represivo de la última dictadura en la denominada Subzona 16, que comprendía los partidos bonaerenses de Moreno, Merlo y Morón (que por entonces incluía los actuales municipios de Hurligham e Ituzaingó) y dependía de la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
Su funcionamiento como lugar de cautiverio fue revelado durante la investigación de las desapariciones de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, quienes estuvieron secuestrados allí desde octubre de 1978.
El 8 de septiembre de 2016, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín condenó por el secuestro y las torturas infligidas a Patricia y José al ex jefe de la Fuerza Aérea , Omar Domingo Rubens Graffigna, al ex jefe de la RIBA Luis Tomás Trillo y al ex agente civil de inteligencia (PCI) Francisco Gómez.
Además, Gómez fue condenado en 2005 como el apropiador del hijo de la pareja, Guillermo Pérez Roisinblit, nacido durante el cautiverio de su madre tras su traslado de la RIBA a la ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura, dependiente de la Armada.
En esa sentencia, el tribunal también había ordenado investigar delitos cometidos contra más de un centenar de personas secuestradas en la ex RIBA e instó a que el lugar donde funcionó el ex centro clandestino de detención se transformase en un Sitio de Memoria.
