Así se lo informó el organismo investigativo al Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual, el 31 de marzo de este año, había anunciado que investigaría sobre este asunto de financiación política.
En ese momento, el CNE prometió que tenía la competencia y los medios para indagar si a las campañas de Santos y de Zuluaga habían ingresado dineros de una empresa extranjera como lo es Odebrecht, lo cual está prohibido por la Ley 1475 de 2011. No obstante, en su edición del pasado domingo, El Espectador advirtió que este asunto caduca el próximo 15 de julio, y aún no arroja resultados. Un dato que no pasó inadvertido en la Fiscalía: al día siguiente, el 10 de julio, el organismo investigativo le envió una comunicación al presidente del CNE, el magistrado Alexánder Vega Rocha, señalando una a una las pruebas que le han enviado “oportunamente” sobre este tema.
Palabras más, palabras menos, la Fiscalía le dijo al CNE —la única con potestad para indagar por las fuentes de financiación de las campañas políticas— que ha tenido a su disposición todos los elementos para determinar si Odebrecht aportó a las mencionadas campañas, algo que para la Fiscalía parece ser evidente. Lo que no se sabe aún es qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral con esas evidencias. “La falta de alguna decisión demuestra las precariedades del diseño institucional electoral actual y la urgencia en hacer las reformas constitucionales dirigidas a darle independencia, autonomía y capacidad técnica y territorial al máximo órgano electoral”, indicó la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
Entre las pruebas que la Fiscalía ha remitido al CNE sobre la campaña de Juan Manuel Santos están la declaración de Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, quien admitió que esa multinacional le había pagado US$1 millón a la sociedad panameña Paddington, vinculada con la empresa de publicidad colombiana Sancho BBDO, para hacer un trabajo que favoreciera la imagen del presidente Santos. También está una copia del contrato con Paddington, el cual se consiguió en una inspección judicial adelantada en la sede de Odebrecht; y de las declaraciones juradas de Félix Otto Rodríguez, cuya empresa panameña Impressa Group recibió US$400.000 de Odebrecht para imprimir dos millones de afiches de Santos para la campaña de 2010.
El CNE, indicó la Fiscalía, también tiene en su poder copia de interrogatorios claves para este asunto. Uno es el de José Roberto Prieto, a quien supuestamente, aseguró el exsenador Otto Bula, Odebrecht le envió cerca de US$1 millón. Otro es de Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien declaró bajo juramento que Roberto Prieto sí tenía un “interés especial” en el contrato del tramo Ocaña-Gamarra, una adición a la Ruta del Sol II que Odebrecht consiguió también por medio de sobornos a Otto Bula y a otras personas cuya identidad no se ha confirmado. Igualmente, el CNE tiene las declaraciones de ejecutivos de Odebrecht como Luis Carlos Batista Filho y Yezid Arocha.
Con respecto a la campaña “Mano firme, corazón grande” de Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía señaló que le ha enviado al CNE pruebas como la declaración que dio en Nueva York del gerente de su campaña, su hijo David Zuluaga; la que dio Luiz Eduardo da Rocha, quien ejercía como cabeza de la División de Operaciones Estructuradas (el área que pagaba sobornos), y los documentos que acreditan el pago de US$1,6 millones de Odebrecht a José Eduardo Mendonça para que éste se encargara del marketing político de su campaña. Esos pagos, dice la Fiscalía, se hicieron a través de la compañía Topsail Holding de Panamá, que giró tres transferencias bancarias a una cuenta en Suiza.
