En un proyecto de comunicación que presentó hoy, el senador por la provincia de Buenos Aires solicitó al PEN que informe la "cantidad de prófugos, detallando nombres y cargos", así como las causas en las que se encuentran imputados y las fechas de las respectivas órdenes de detención.
También requirió precisiones sobre la "cantidad de imputados con pedido de extradición, con extradiciones denegadas o que cumplen condenas en otros países" y que "detalle las acciones llevadas adelante desde el Ministerio de Seguridad para la búsqueda y aprehensión de los prófugos".
"En particular, (pide que) informe sobre el accionar del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre)", y las recompensas ofrecidas a quienes brinden datos que permitan "dar con el paradero de los prófugos y los avances logrados a través de esta herramienta".
El legislador del GEN argumentó que "el Gobierno puede nombrar carapintadas en cargos pero no prófugos por delitos de lesa humanidad" y dijo que solicitó la información "para evitar errores y malas interpretaciones".
Linares solicitó estas precisiones "sobre los procesos judiciales por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones durante la última dictadura militar" y aludió a recientes detenciones de represores prófugos realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
"Hay un número muy importante de imputados que está eludiendo el accionar de la Justicia, y que demanda del fuerte compromiso del Estado para garantizar que los prófugos puedan ser finalmente sometidos a los juicios que cuentan con un amplísimo apoyo social y reconocimiento internacional", concluyó.
Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal informó que al 31 de mayo último se hallaban prófugos 40 imputados en causas judiciales por delitos de lesa humanidad, aunque desde entonces la PSA capturó al menos a seis de ellos, el último hoy en la Ciudad de Buenos Aires, requerido por la Justicia Federal en Bahía Blanca por crímenes cometidos por miembros de la Armada. Se trata de Ricardo Joaquín Molina (87 años), ex jefe de Inteligencia y Operaciones de la base naval de Puerto Belgrano durante el primer año de la dictadura.
