La agente de la policía bonaerense Elida Marina Guaquinchay Bogado quedó imputada por el delito de “omisión de evitar tormentos” en la causa conocida como la masacre de Quilmes, ocurrida en la comisaría primera en 2004. Por este delito se prevé una pena de 3 a 10 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de 5 años.
Su nombre surgió durante el juicio a los 10 policías culpables de los apremios ilegales, torturas y la muerte sufridas por los jóvenes, cuando durante el debate oral varios sobrevivientes señalaron la presencia de “una policía embarazada” en el cordón de uniformados que golpeaba a los jóvenes que salían agonizando del calabozo. Así se desprendió esta nueva causa contra Guaquinchay, seguida por el juez Goldberg y la fiscal Gallo, y la policía quedó imputada tras la primera audiencia.
Los familiares de las víctimas de la masacre también llevan adelante una denuncia ante Asuntos Internos, ya que esta agente aún está en funciones en la fuerza en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
La masacre y los condenados
17 adolescentes que se encontraban alojados en calabozos de la comisaría 1ª padecieron golpes y torturas antes y después de un incendio con consecuencias fatales: Elías Giménez, Diego Maldonado, Manuel Figueroa y Miguel Aranda -todos jóvenes de entre 15 y 17 años- murieron como consecuencia de las graves quemaduras y el humo tóxico.
Por el crimen sentenciaron a 10 años de cárcel al comisario Juan Pedro Soria y al oficial D’ Elia, a 19 años a Fernando Pedreira, a 9 años a Juan Carlos Guzmán y a penas de entre 3 y 4 años a los agentes restantes: Basilio Vujovich, Jorge Gómez, Franco Góngora, Gustavo Altamirano, Humberto Ávila y Elizabeth Grosso. Pero para los cuatro primeros responsables la cárcel efectiva duró cuatro días: las defensas, encabezadas la mujer del ex comisario Soria, presentaron un hábeas corpus y lograron que se les otorgara la prisión domiciliaria.
Sobre estas condenas las familias de los jóvenes esperan que se realice una audiencia en agosto ante Casación de la Provincia para que queden firmes, y continúan pidiendo que se cumpla con la prisión efectiva en un penal.
