Una monja le dijo que había muerto. "Fui inocente, no entiendo cómo pude permitir esa salvajada", se lamentó hoy tras sumarse a la querella argentina de los crímenes del franquismo. Su caso es similar al de otras mujeres víctimas del robo de bebés perpetrado en España durante la dictadura franquista y bien entrada la democracia, quienes siguen reclamando justicia y buscando a sus seres queridos. Pilar nunca recibió un documento que acreditara la muerte de su hija y tampoco pidió ver el cuerpo.
"El dolor era enorme, di por hecho que el bebé había fallecido porque confiaba en los médicos y en el personal del hospital", explicó a Télam al recordar aquel aciago 30 de mayo de 1973.
El régimen franquista daba entonce signos de agotamiento en una España marcada por la tensión política y social, situación que se agudizaría en diciembre de ese año cuando ETA asesinara a quien era estaba designado -era vicepresidente primero- como sucesor de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco.
Más de cuatro décadas después, la mujer presentó su demanda ante el Consulado argentino en Madrid para incorporarse a la querella argentina sobre los crímenes de la dictadura franquista, que lleva a delante la jueza María Servini desde 2010.
Según relata Pilar, en el momento posterior al parto le entregaron al bebé y le dijeron que era una niña. "La tuve en brazos un tiempo, habíamos pensado en llamarla Eva, que ahora es el nombre de nuestra otra hija, de su hermana, que nació un año después", sostuvo.
Al cabo de un rato, "una monja se llevó a su bebé para lavarla y dijo que la subiría, pero regresó sin ella argumentando que tenía problemas respiratorios y había que ponerla en una incubadora", prosiguió Pilar.
"Pasaron unas horas y como el problema no se solucionaba nos dijeron que tenían que trasladarla a otro hospital, pero al poco tiempo volvieron y nos comunicaron que había fallecido", apuntó.
Pilar evocó, con indignación, un detalle del cinismo de la religiosa que le dijo: "La niña ha fallecido, pero no se preocupen que ya la he bautizado y estará en el cielo. Ya está todo arreglado".
Mirando al pasado, esta española se reprocha a sí misma haber sido tan inocente y no haber reaccionado en el momento.
"Éramos jóvenes, 23 y 26 años, el padre vio a un bebé en la incubadora y pensó que era ella. En lo único que reaccionamos fue en el tema del bautismo, nos quejamos porque no nos pidieron autorización", señaló.
"Al año siguiente, tuvimos a nuestra segunda hija y cerraron el tema, como muchas otras familias. Sin embargo, el dolor seguía ahí y cuando empezaron a salir a la luz este tipo de casos, ya en democracia, empecé a ver las coincidencias", señaló.
Fue en el año 2012 cuando se dio cuenta de que el suyo podría ser un caso de bebé robado, debido a que el hospital donde dio a luz a Eva estaba regentado por la Orden de las Hermanas de la Caridad, implicadas en esta práctica que comenzó con el franquismo y, a diferencia de otras dictaduras, prosiguió en democracia.
Pilar recuerda el nombre de la monja con la que trató en el hospital y a la que vio por última vez con su hija en los brazos, Sor Purificación Fernández.
"La estamos buscando, podría estar en una residencia, pero no sabemos si está viva o no", dijo la mujer, quien acudió al Vaticano, al Papa Francisco, para pedirle que "interceda" ante estos graves casos en los que la Iglesia católica, a través de curas y monjas, estuvo implicada en los crímenes del franquismo.
En la presentación de su demanda, Pilar estuvo acompañada por la abogada de la querella argentina, Ana Messuti, quien destacó en declaraciones a Télam la importancia de que "la causa siga activa y que se mueva a través de las demandas y la actuación judicial".
No obstante, la letrada admitió que el mayor problema se deriva de "la dificultad para recopilar las pruebas por parte de las víctimas".
Las madres denunciantes en su mayoría no tienen documentos que certifiquen el fallecimiento de sus hijos, ni del hospital ni del cementerio ni del Registro civil, lo cual es toda una irregularidad.
En total, en la querella argentina figuran ocho demandas colectivas de asociaciones de víctimas del robo de bebés, a las que se suman casos particulares como el de Pilar Navarro, quien dio el paso de presentar su demanda para "saldar la deuda personal" que tenía con el fallecido abogado argentino Carlos Slepoy -referente en la lucha por los derechos humanos-, quien durante años la animó en su búsqueda.
Servini de Cubría ya imputó a 18 personas por delitos de lesa humanidad por los crímenes del franquismo, entre ellos el ginecólogo Abelardo Balaguer por su presunta relación con la desaparición de un bebé en 1967 en la sureña ciudad de Línea de la Concepción.
Sin embargo, la actitud general de la Justicia española es no colaborar con la investigación, señala Messuti.
En 2011 se presentaron por primera vez casos de este tipo ante los tribunales españoles, pero el 80% fueron archivados, según denuncian las asociaciones de víctimas. Pilar, igualmente, interpondrá su demanda.
Mientras la vía judicial avanza lentamente, a mediados de mayo de este año, las víctimas del robo de bebés en España lanzaron una campaña internacional de búsqueda de sus seres queridos bajo el lema "Te busco. Te estamos buscando". El objetivo es generar empatía desde el amor hacia esos niños, hoy adultos, expropiados.
"Tengo la esperanza de reencontrarme con mi hija, no sé en qué circunstancias se puede dar, sería delicado, pero no bajaré los brazos, sueño con que algún día podré abrazarla otra vez", aseguró Pilar, emocionada. Su dolor, como el otras madres, se convirtió en lucha.
