La protesta comenzó en El Trébol, zona 8, se enfiló sobre la Avenida Bolívar hasta llegar al centro histórico, donde permanecieron frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Los manifestantes, que se identifican como integrantes de la Comunidad Indígena Mam de Cajolá, pretendían llegar hasta la Casa Presidencial y permanecer ahí hasta que el presidente atienda sus solicitudes, no obstante, desde tempranas horas la seguridad presidencial colocó barreras metálicas para impedir el paso.
Uno de los dirigentes mam, Damián Vaíl, dijo que el propósito de lo que llamó “caminata cultural”, fue para pedir al gobierno del presidente Jimmy Morales el acceso a la tierra.
Comentó que desde abril del año pasado el mandatario les ofreció dar una solución a la falta de tierras para cultivar.
Vaíl indicó que dos particulares les han ofrecido una finca en el municipio de Coatepeque, cercano con el departamento sureño de Retalhuleu, pero que se tiene que negociar su precio y determinar la cantidad de familias que pueden ser beneficiadas.
El Fondo de Tierras, agregó, ya les explicó que cuenta con un capital para poder comprar una finca y que ello será parte de una negociación con representantes del Ejecutivo.
“Si el gobierno está dispuesto a combatir la pobreza que nos de tierras para cultivar”, expresó el dirigente mam de Cajolá.
Explicó que la finca que les han ofrecido tiene riego y es apta para los cultivos agrícolas.
“Hemos visto la buena voluntad del presidente de atender nuestra demanda”, sostuvo.
El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy, dijo que el mandatario les ha dado instrucciones de atender la demanda del pueblo mam y que junto a la Secretaría de Asuntos Agrarios buscarán una solución luego de reunirse con los dirigentes de Cajolá.
Origen de la conflictividad
La falta de acceso de tierra de los pueblos indígenas ha generado movilizaciones en múltiples ocasiones.El Informe de Desarrollo Humano (INDH) 2015-2016, presentado el año pasado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subrayaba que el tema agrario es el principal origen de la conflictividad y que el mismo afecta el desarrollo del país.
Según el informe, de 441 conflictos reportados en el 2015, 135 se deben al tema agrario y es en Alta Verapaz y Quiché donde se han registrado más problemas por esta situación —51 y 28, respectivamente—.Algunos de los temas más recurrentes de las disputas son el uso del agua, condiciones laborales y demanda insatisfecha de tierra para la economía campesina.
Las cifras del documento revelaron que el 92% de los productores agrícolas, clasificados como de infrasubsistencia y subsistencia, ocupan el 21.9% de la superficie de las fincas, y el 6% de los productores excedentarios trabajan el 12.7%, mientras que el 2% de los productores comerciales —que se dedican al mercado internacional—, ocupan el 65.4%.
Según el estudio del PNUD, la desnutrición y el hambre están íntimamente relacionadas con el uso, planificación y distribución de la tierra y con la ausencia de políticas públicas que aseguren a las poblaciones rurales sus medios de subsistencia.
“El hambre es una palpable materialización de la desigualdad que hay en el territorio guatemalteco”, señala el INDH.
El informe subrayaba que “Guatemala es un país megadiverso y con gran riqueza natural, pero la distribución del uso del suelo no obedece a criterios de sostenibilidad ni soberanía alimentaria”, lo que afecta a la mayoría de la población.
