Esta formulación encabeza un extenso informe sobre la "situación de los pueblos mapuche y tehuelche en Chubut", divulgado hoy por la AADI y elaborado a partir de las conclusiones de un encuentro realizado en Esquel la semana pasada al que asistieron referentes de una veintena de comunidades mapuche y tehuelche.
Se trató de una asamblea extraordinaria organizada por la AADI en la que referentes de las comunidades y expertos en derecho indígenas coincidieron en sus advertencias.
Las conclusiones fueron que "la agudización de los conflictos territoriales, la recurrente violación de los derechos indígenas por parte de los Estados nacional, provincial y municipal, la falta de políticas públicas y de medidas de acción positiva para tratar de dar solución efectiva a los conflictos y el recrudecimiento de la violencia estatal al negar los derechos que los mismos Estados se comprometieron a respetar, a través de un conjunto de instrumentos jurídicos nacionales y ante la comunidad internacional".
Participaron de la deliberación referentes de las comunidades Enrique Sepúlveda, Raquil Huao, Cordillera y Tropezón, Vuelta del Río, Pillán Mahuiza, Río Percy, Lago Rosario y Sierra Colorada, Costa del Lepá, Fentren Kimún, Francisco Nahuelpan, Emilio Prane, Las Salinas de Colan Conhue, Santa Rosa Leleque, Lefimi, Huenchuman, Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Sierra de Tecka, Antimilla, La Cancha (Gualjaina), Huancache y Taiñ Iñ Chin de Costa de Lepa, entre otras.
El extenso informe, al que accedió Télam, subrayó que "en muy pocos casos han conseguido la realización del relevamiento jurídico-catastral dispuesto por la Ley Nacional de orden público 26.160" y aun en los casos en que sí lo hicieron, "no han obtenido el título comunitario".
A partir de este incumplimiento y al carecer en consecuencia "del reconocimiento estatal de la posesión y propiedad comunitaria que ejercen en sus territorios", recrudece "la amenaza permanente del avance de actividades extractivas (mega minería, recursos forestales, represas), sin ningún respeto al derecho de consulta y participación constitucionalmente reconocido", mientras persiste el "hostigamiento constante de terratenientes, poniendo en peligro sus formas de vida".
Según el informe, las autoridades siguen "sin cumplir ni respetar el derecho de participación y consulta previa a los pueblos indígenas al realizar adjudicaciones y/o resoluciones que involucren tierras, desoyendo la resolución Nro. 167/02 de la Defensoría del Pueblo del Chubut" de 2002.
"Tampoco se ha creado, con la participación y consulta que impone el Convenio 169 de la OIT, el Instituto de Comunidades Indígenas. En ese contexto de incumplimientos estatales, la demonización de lo indígena como 'salvaje', 'terrorista' y 'violento' ha adquirido una presencia notable en el mensaje público, una centralidad en campañas mediáticas que no dejan de llamar la atención" por sus "tergiversaciones y manipulación".
El informe, que incluye numerosos y pormenorizados testimonios de integrantes de diversas comunidades, pide finalmente la libertad del Facundo Jones Huala, del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, encarcelado en el penal de Esquel a raíz de un pedido de extradición a Chile, por el que en 2016 ya fue sometido a un juicio que fue anulado en un fallo sobre el cual aún debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
