Los legisladores pidieron también junto a los integrantes de una Comisión de Familiares y Amigos de la Víctima, el desplazamiento del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, presuntamente implicado en esta causa y sobre quien pesa un pedido de juicio político en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
"Hace 35 años que se cometió este delito de lesa humanidad y desde el año pasado que el Juzgado Federal Número 2 de San Martín tiene esta causa elevada a juicio oral. Creemos que es hora de iniciar esta etapa del proceso para tener una condena después de tantos tiempo", sostuvo Giordano en una conferencia de prensa llevada a cabo en el edificio Anexo del Congreso de la Nación.
Por su parte, la dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) pidió condenar a los autores de este crimen y "avanzar para lograr condenas en otras causas de lesa humanidad", que se encuentran a la espera de que se realicen los respectivos juicios orales.
Ana María Martínez trabajaba en la fábrica de autopartes DEA ubicada en el partido de Vicente López; tenía 31 años, estaba embazada de tres meses y alternaba su militancia en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) con su trabajo en comedores barriales de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El secuestro de esta marplatense tuvo lugar en la localidad de Villa de Mayo, en horas de la noche, cuando salió de su casa para hacer una compra y fue abordada por un hombre corpulento y rubio que la subió a un Ford Falcón, según relataron vecinos que presenciaron el hecho.
Siete días después, el 11 de febrero, el cuerpo de Martínez fue encontrado semienterrado por unos chicos que jugaban cerca del canal Villanueva, en el Dique Luján, en el partido de Escobar.
Los restos de la víctima fueron enterrados al día siguiente de su hallazgo en el cementerio de la localidad de Benavídez bajo el rótulo "NN" y sus familiares pudieron identificarla algunos días después.
Los acusados son Jorge Norberto Apa, general retirado que tuvo mando sobre el aparato de inteligencia de la última dictadura, y el coronel de Infantería (RE) Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares.
