La información difundida por Página 12 expresa que Gustavo Souza (foto) padecía fibrosis pulmonar y necesitaba sólo dos fármacos, pero el organismo PRO dejó de entregárselos ofreciendo un tratamiento alternativo más barato.
Ante el reclamo judicial de su familia un juez ordenó que le diera los medicamentos, pero la obra social no acató el fallo y cuando el magistrado insistió ya era tarde porque Gustavo había muerto.
La muerte de un nuevo jubilado se da en el marco de la reducción de un 2,4 a un 1,94% del total presupuestado para salud desde que Mauricio Macri es presidente; el Presupuesto 2018 tiene un 1% menos que el año pasado para el Ministerio de Salud y como alguna vez vaticinó un militante kirchnerista por momentos no existen los medicamentos contra el SIDA.
Las marcadas disminuciones de fondos para el programa de vacunas como el de VIH/SIDA, lo destinado a Médicos Comunitarios, y en Madre y Niño un 12,7%, entre otros, no son suficientes.
Las verdaderas consecuencias del escandaloso ajuste en salud que determinó Cambiemos tienen su huella concreta con la muerte de una persona, particularmente un jubilado de 71 años, como resultado exclusivo de la decisión del Gobierno.
Gustavo Souza, la nueva víctima del macrismo, era electrodependiente y tenía certificado de discapacidad, dejó de recibir los medicamentos del Estado hace unos meses, por lo que tuvo que presentar un recurso de amparo para que el PAMI le provea los fármacos tobramicina y nintedanib, cuyo precio era imposible de abonar para su familia y su jubilación de 6 mil pesos.
El 28 de septiembre, el juez Roberto Torti intimó al organismo responsabilidad de Sergio Daniel CassinottiI a entregar la medicación en un plazo menor a las 48 horas. La cúpula PRO se negó. En la espera que nunca debió ser, Souza se descompensó en su casa, fue trasladado al Hospital Británico y falleció a las pocas horas.
“Gustavo sufrió mucho los últimos días. Mientras tanto, PAMI continuaba con palos en la rueda”, dijo Guillermo Souza, hermano del jubilado, a Página 12. Su familia fue contundente: “Es el claro ejemplo de la ausencia del Estado".
El valor -estimado a junio del 2017- que el PAMI debía abonar en medicamentos para todo el año a fin de que Gustavo continuara con su tratamiento contra la fibrosis pulmonar idiopática -una enfermedad crónica que disminuye la función del pulmón- y siguiera con vida era $322.040.
Gustavo, padre de dos hijas y abuelo de cuatro nietos, había comenzado el tratamiento en 2013, y era cubierto en su totalidad por la obra social estatal. Pero todo eso cambió hace unos meses. “En el PAMI ya habían comenzado los rumores de los recortes. Y le habían sugerido a mi hermano cambiar la droga, aunque él ya había probado con otro remedio que le produjo efectos adversos”, relató su hermano.
“Con el nivel de respuestas que presentó la obra social, debimos presentar un recurso de amparo en agosto”, explicó al mismo medio Federico Paruolo, abogado del Grupo de Litigio Estratégico. En la presentación se especificó que la falta de esos remedios agravaría “la situación de manera irreversible”, además de que se adjuntó la recomendación de ambos fármacos por el jefe de Neumología del Hospital Británico y la incapacidad de Souza para abonar esos medicamentos.
Luego de un período de exámenes y trámites burocráticos (“a mi hermano lo obligaron a hacer decenas de exámenes, con todo el deterioro físico y psíquico que implica para una persona que debe moverse con silla de ruedas y un tubo de oxígeno”, explicó Souza), el juez Torti, quien había dado lugar al amparo presentado, resolvió que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le provea a Souza en el plazo de 48 horas “la cobertura integral de la mediación requerida”.
Argumentos
Los reclamos se basaron esencialmente en las leyes vigentes. El derecho a la preservación de la salud, a la obligación de la autoridad pública a garantizarlo y a la ley 24.901, que dispone de un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad.
La respuesta del PAMI no fue enviar los fármacos, sino que el 2 de octubre, cumplidas las 48 horas que dispuso el juez, los apoderados de la obra social PRO presentaron un recurso de apelación para rechazar la resolución judicial.
Cuatro días más tarde, el juez Torti quiso saber si se había entregado la medicación, a lo que el propio paciente, ese mismo día, volvió a contestar que no.
Al día siguiente, el sábado 7 el jubilado se descompensó mientras utilizaba su concentrador de oxígeno portátil, la ambulancia llegó a la madrugada y el diagnóstico fue embolia pulmonar. Ya en la urgencia del Hospital Británico, luego de ser operado, falleció.
