El Gobierno siguen con su meta de bajar el déficit fiscal y mejorar la competitividad de la economía a través de una baja de los costos laborales. Con el monitoreo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, trabaja en el modelo de gestión 2018, que tiene ya definido como criterio general que nada crezca por encima de la inflación que proyecta el Banco Central o que finalmente ocurra, es decir, entre 10 y 16% según se cumplan las metas oficiales o los pronósticos de los economistas.
Respecto del empleo estatal, a nivel nacional, el Gobierno ya encaró recortes de personal contratado y comandado por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, aspira a reducir un 18% la nómina del Estado; de hecho estas semanas ya se produjeron cesantías en entes como el Enacom y la Anses, y se espera que haya otros en los próximos días hasta fin de año.
Sin embargo, la novedad más importante se desprende de las leyes de responsabilidad fiscal firmadas con las provincias y también las que impulsan las propias provincias con los municipios. En esos textos se fija claramente que será condición sine qua non para recibir ayuda del Estado nacional o de las provincias en el caso de los distritos menores si se cumple con la regla de no incrementar el gasto corriente en empleados.
En la provincia de Buenos Aires, de hecho, la gobernadora María Eugenia Vidal está impulsando una ley que obliga a los municipios a incrementar cero la cantidad de empleados. Es de hecho lo que hizo la Provincia en 2016, el mismo año en que los municipios, sin embargo, aumentaron 2% la cantidad de gente que trabaja en dependencias públicas, según consignó Perfil.
Con las jubilaciones como caso testigo, la idea es que ningún gasto en el Estado subirá por arriba de la inflación. El cambio en la fórmula jubilatoria, por caso, planteaba desde el inicio aumentar trimestralmente las jubilaciones sólo en línea con la inflación para lograr un ahorro de entre $ 70 y $ 100 millones para las arcas del Estado nacional. La idea central se modficó apenas con el agregado de que un 30% del aumento se rija por la suba de salarios, pero la idea central de que nada aumente sobre el índice de precios es ley en Hacienda.
Hay que recordar que el leitmotiv del Gobierno es que si todo se mantiene por debajo o en línea con la inflación, con el paso del tiempo y si la economía crece, se irá licuando con el correr de los años en términos del PBI, es decir, irá perdiendo peso en relación con la riqueza (y por ende los recursos que genera) el país.
Respecto de las paritarias, como norma, la decisión es homologar la mayor cantidad de paritarias posibles con cláusula gatillo, es decir, que se guíen por la meta de inflación de alrededor del 12% que fija el Banco Central, con la opción de que aumenten si se supera, como espera el mercado, hasta un 16%. “Que nadie dé aumentos por encima de lo que pueda pagar”, es el lema en la Casa Rosada.
El objetivo central en este punto es tanto cortar “la inercia” de una década de inflación de dos dígitos y al mismo tiempo “desnominalizar” la economía, es decir, librarla de la indexación que sigue las expectativas y que tira los precios para arriba sin sustento real. El caso testigo una vez más será la provincia de Buenos Aires, pero quizás también la primera paritaria del año, la de los bancos. Allí, por ejemplo, en la banca internacional aseguran: “Si la cláusula gatillo funciona, hay que aprovecharla”. Habrá que ver qué dicen los gremios.
La apuesta más extrema en términos de mejora de competitividad es para los sectores en crisis, donde el Gobierno impulsa una baja del salario real para ganar competitividad. El caso testigo es el de Tierra del Fuego, donde el gremio metalúrgico aceptó cero aumento de sueldos hasta 2020 para que las empresas bajen costos y precios al consumidor. Lo aplicarían en otros rubros o empresas con problemas similares que atraviesan situaciones de pérdida de producción.
