El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, integrado por los jueces Domingo Batule, Carlos Lascano y Abel Flemingse y en el juicio se abordan hechos que tuvieron como víctimas a 38 personas que padecieron delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y, en un caso, abuso sexual.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron penas de prisión perpetua por homicidio calificado para D'Amico (quien fue secretario de seguridad de la provincia cuando el gobierno nacional de Carlos Menem intervino la provincia en octubre de 1993), el ex oficial de la Policía local Roberto Díaz Cura y el ex interventor de esa fuerza durante la dictadura, Ramón Warfi Herrera, y condenas de entre 4 y 25 años para el resto de los acusados.
Una de las particularidades de este proceso reside además en que, por primera vez, un ex funcionario judicial de la provincia, como Olmedo de Arzuaga -sobre quien pesa un pedido de pena de seis años- es sometido a un juicio de lesa humanidad.
"En enero de 1975 era un militante político y me detuvieron de forma ilegal y estuve en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en e Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santiago del Estero. Allí sufrí torturas hasta que me legalizaron. Me mandaron a la cárcel de varones de la provincia", repasó Garay.
A partir del golpe de Estado de 1976, el hoy querellante padeció cómo se endurecieron las condiciones de detención, y fue puesto con un grupo de presos que en cualquier momento podía recibir represalias por parte de los militares.
"En noviembre de ese año me trasladaron a la Unidad Penal 9 de La Plata mientras me tenía sin una condena y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Luego me mandaron a la (ya demolida) cárcel de Caseros, en Buenos Aires y después a Rawson, donde en 1982 salí en libertad, de forma condicional y vigilada", repasó.
En 1983, apenas reinstaurada la democracia, Garay recuperó la libertad en pleno derecho y comenzó a militar en los organismos de derechos humanos para denunciar las violaciones y los crímenes de la dictadura en Santiago del Estero.
"Presentamos varias denuncias contra Muza Asar y D'Amico en los primeros años de la democracia y logramos que fueran detenidos, pero luego resultaron beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En 1995, ambos volvieron a la función pública y eso significó un golpe duro, pero nunca dejamos la lucha por la Justicia", señaló Garay.
