“Esta medida constituye un incentivo para la expansión de asentamientos de colonos en los territorios ocupados que, como el Gobierno de España ha manifestado reiteradamente, son ilegales a la luz del derecho internacional”, ha manifestado este viernes el Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de un comunicado.
El texto agrega que tales actuaciones por parte del régimen de Tel Aviv no contribuyen en modo alguno a crear un clima de confianza entre los israelíes y palestinos, ni son conformes a las leyes.
El Ministerio español observa que la confiscación de considerables superficies de tierras palestinas obstaculiza el camino a la paz y la reanudación de conversaciones orientadas a desarrollar la "solución de dos Estados" en los territorios ocupados palestinos.
Por lo tanto, Madrid exige a los dirigentes israelíes que adopten medidas apropiadas lo antes posible para dar marcha atrás en tales proyectos.
El comunicado se ha emitido después de que los medios israelíes informaran el miércoles de que el régimen de Tel Aviv se prepara para anunciar la apropiación de unas 370 hectáreas de tierras al norte del asentamiento cisjordano de Almog, cerca de Jericó, en el valle del Jordán (este de Palestina).
El jueves, el portavoz del Departamento de Estado estadounidene, Mark Toner, condenó también la medida israelí y recalcó que acelerar la expansión de los asentamientos "francamente pone en tela de juicio el compromiso de Israel con una solución de dos Estados".
La construcción de viviendas israelíes en los territorios palestinos por parte del régimen de Tel Aviv es condenada por numerosos países y organizaciones internacionales, que ven en ella un acto ilegal y un desafío para encontrar una solución al conflicto israelí-palestino.
Desde 1967, el régimen de Israel ha confiscado, con diversos pretextos, unas 100.000 hectáreas de tierras de Palestina.
