El fallo complica la candidatura presidencial del ex mandatario, que encabeza los sondeos de intención de voto para los comicios generales de octubre próximo.
"Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción que operó en la estatal Petrobras", afirmó durante la mañana Gebran Neto, quien junto a sus colegas Leandro Paulsen y Víctor Laus de la corte de apelaciones, ratificó así el fallo del juez federal Sergio Moro, en Curitiba, a cargo de los casos relacionados con la Operación Lava Jato, que reveló la trama de corrupción enquistada en la petrolera estatal.
En julio pasado, Moro halló culpable a Lula, 72, de corrupción pasiva y lavado de dinero bajo la acusación de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá -valuado en US$ 1,2 millones- a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno (2003-2010).
La pena original fijada por Moro había sido de nueve años y seis meses de prisión. La reclusión sólo ocurriría una vez que se agoten todos los recursos jurídicos.
Bajo un intenso sol, siguieron atentamente las instancias de la audiencia el TRF4 en el Parque Anfiteatro do Pôr do Sul, a un kilómetro de la corte, bajo la atenta mirada de miles de policías militares fuertemente armados. Todo el perímetro alrededor del tribunal había sido bloqueado y vigilado por francotiradores, helicópteros, patrullas policiales y lanchas incluso en el vecino lago Guaíba.
Según la legislación brasileña, una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado pierde el derecho a asumir un cargo democráticamente elegido. Hoy, las encuestas para los comicios de octubre ubican a Lula como el candidato favorito, con un 35% de las preferencias.
La defensa de Lula tiene por delante varias posibilidades de apelaciones y ya ha adelantado que usará todos sus recursos, ante el propio TRF4, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF). Pero la apelación más importante será el pedido cautelar que realice al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que la candidatura del expresidente pueda ser registrada mientras se agotan todos los otros recursos ante la justicia penal. El TSE tendrá la última palabra, definirá así no sólo el desarrollo de la próxima campaña electoral sino también el destino político de Lula.
