La polémica generada por la decisión del gobierno nacional de instalar un aeropuerto en la base militar de El Palomar toma mayor relevancia a medida que crece el conflicto. En este caso en particular, Nora Cortiñas e Iris Avellaneda reafirmaron su apoyo al reclamo que se opone al proyecto acordado entre el Poder Ejecutivo y las empresas áreas low cost para explotar el lugar comercialmente. La iniciativa provocará un impacto ambiental y social negativo en los habitantes de las zonas aledañas.
El lunes, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la co presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y mamá del “Negrito” Floreal Avellanada -quien fuera asesinado en uno de los vuelos de la muerte que salían desde la Base Militar de El Palomar-, hicieron una presentación judicial ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín a cargo de la Jueza Federal Martina Isabel Forns.
En la oportunidad se presentaron como referentes y representantes de las organizaciones de derechos humanos a las cuales pertenecen en apoyo al amparo promovido por vecinos de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero. El mismo es contra la decisión de convertir un sitio de la Memoria, como es la Primera Brigada Aérea Militar de El Palomar en un “pseudo aeropuerto trucho para FlyBondi”. Entonces le solicitaron a la magistrada que haga lugar al pedido de ampliación de la medida cautelar ordenando la clausura de “las obras ilegales que son realizadas en forma clandestina”.
Cabe recordar que tanto Cortiñas como Avellaneda participaron de la inspección ocular realizada por Forns el lunes 8 de enero la cual pudieron observar diversas irregularidades. Las cuales son: la inexistencia de cartel de obra, ausencia de autorización previa que es necesaria para poder comenzar a realizar los trabajos y que debe ser expedida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de Sitios 26.691, entre otras anomalías e ilegalidades.
A pesar de haber sido testigos y de observar junto con Forns la comisión de “diversos ilícitos que impunemente eran cometidos frente a los ojos de la magistrada en grado de flagrancia, tales como son las obras de destrucción de un sitio de Memoria”, no clausuró dichas obras. Por ese motivo, tanto Cortiñas como Avellanada reclamaron enfáticamente mediante dicha presentación a jueza federal que ordene el Cese inmediato de las obras.
