La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer en números las modificaciones en la política de derechos humanos que se generó con la nueva gestión de gobierno.
De acuerdo con la investigación, de los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar sólo “435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, mientras que 549 se encuentran en arresto domiciliario”. Además “hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad”.
El informe continúa describiendo que “a diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido; 499, antes de ser sentenciadas, y 100, luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia”.
Es decir, a partir del giro de la Justicia Federal, que comenzó con el beneficio del 2x1 dictado por la Corte Suprema de Justicia que finalmente no fue aplicado ante el masivo repudio popular y continuó con las prisiones domiciliarias a genocidas, a dos años de gobierno de Cambiemos hay más más represores condenados por delitos de lesa humanidad con arresto domiciliario que en cárcel común, y hay más imputados libres que detenidos.
