El registro de la organización estadounidense, citado en un informe de Center for American Progress, determinó el viernes que el 70 por ciento de estas armas, un total de 74.200, fue comprado legalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, el propio Center for American Progress aduce que cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente cada año, de contrabando, hacia territorio mexicano.
Además, el estudio titulado “Más allá de nuestras fronteras: cómo las débiles leyes de armas de EU contribuyen a los crímenes violentos en el extranjero” indica que la mitad de armas estadounidenses relacionadas con la violencia criminal en México son “armas largas”, como rifles y semiautomáticas.
ATF también indica que mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alega que su país debe protegerse del peligro que supone la inmigración, la realidad es que Washington alimenta los grupos violentos fuera de sus fronteras con la provisión de armas.
El impacto del tráfico de armas estadounidenses ha sido “devastador” para México, que según los informes, tras Siria, se convirtió en el segundo país con más muertes violentas en 2016 y, en 2017, alcanzó su nivel más alto de homicidios dolosos de las últimas dos décadas.
El documento, asimismo, afirma que la combinación de la gran producción de armas en Estados Unidos y sus leyes débiles en cuanto a la compra y uso, resulta en la “exportación de violencia” a otros países.
Al cierre de 2017, indican los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, este país sumó 29.168 homicidios intencionales, es decir, 80 asesinatos al día, la cifra más alta en los últimos 20 años.
Alarmado por esa creciente violencia, el Gobierno de México anunció la semana pasada que tiene planeado desplegar tropas de la Policía Federal en los estados de Colima (sur) y Baja California Sur, así como en Cancún (sureste) y en Ciudad Juárez (norte) para acabar con los grupos criminales.
