El referente de la ONG Alameda y hombre cercano al Papa Francisco y a la CGT, Gustavo Vera, denunció penalmente a la diputada nacional Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Es llamativo tan brutal incremento (del patrimonio) ya que Graciela Ocaña, durante los últimos casi veinte años, el único trabajo que tuvo es en el Estado”, sostuvo Vera tras presentar la denuncia penal.
El referente de La Alameda es patrocinado por el abogado Daniel Llermanos, el mismo que defiende a Hugo y Pablo Moyano, con quienes llegó el último #21F a la multitudinaria movilización en la 9 de julio.
El dirigente social remarcó que “Ocaña declara como terreno baldío una mansión valuada en casi un millón de dólares, en un country de General Rodríguez. Más precisamente, dijo ser propietaria de una parcela de 1.050 m2 en el barrio privado Terravista, valuado en $ 900.000,00”.
“Como titular de la Oficina Anticorrupción, no se qué revisa Laura Alonso”, dijo Vera al remarcar que la investigación que realizó su ONG se basó en la declaración jurada que Ocaña presentó en 2016.
La denuncia penal precisa datos sobre la mansión de Ocaña. “Se ubica en el lote 236 de la manzana E-1, que pertenece a la denunciada, en su carácter de socia número 00764/00, no se encuentra baldío, como lo manifestó. En esa parcela existiría una muy lujosa casa –cuya fotografía se acompaña en el expediente- valuada en un millón de dólares estadounidenses”.
Llermanos le pidió al juez Ercolini y al fiscal Di Lello que soliciten a la administración del barrio privado “Terravista”, quién es el titular del inmueble identificado, y si la denunciada reviste condición de socia. Asimismo, si la parcela mencionada se encuentra baldía o edificada, señalando la tasación aproximada del inmueble.
La diputada nacional de Cambiemos señaló que en 2016 recibió ingresos por 1.175.000 pesos, por vender activos de su empresa “Área Tr3s Constructora SA”. Los denunciantes detallan que “la sociedad -actualmente- se encuentra con un proceso de iliquidez, debido a la extensión de 5 cheques sin fondos, por un total $ 139.351,00”.
Sumado a ello, aparece la sospecha de tráfico de influencias, al haber ganado una licitación en el partido de Pilar, sin tener la constructora experiencia en la materia.
