El caso, correspondiente a una concesión firmada en 2004 para el Consorcio Camisea, fue archivado inicialmente en 2008, pero ha sido reabierto por la aparición de nuevas denuncias, según ha informado una portavoz judicial.
La decisión se conoce en momentos en que Kuczynski también es blanco de otras pesquisas por sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht, firma envuelta en casos de corrupción. La oposición en el Congreso ha presentado una solicitud para removerlo de su cargo por “incapacidad moral”.
De acuerdo con las “diligencias preliminares” que podrían prolongarse hasta ocho meses van dirigidas contra Kuczynski y también contra el expresidente Alejandro Toledo, en cuya administración participó el actual jefe de Estado como primer ministro y responsable de Economía (2004-2006).
Por su parte, el mandatario ha negado las acusaciones anteriores y su abogado Gonzalo del Río rechazó la nueva decisión de la fiscalía. “Estamos ante la apertura de una investigación preliminar claramente irregular y habrá que hacerlo valer ante el Poder Judicial”, ha dicho Gonzalo del Río en una entrevista con un canal local.
Kuczynski también espera la evolución en el Congreso de una petición de “vacancia” presentada por la oposición y que, si prospera, le obligaría a abandonar el cargo. El pleno del Congreso votará este jueves la admisión de dicha iniciativa.
De acuerdo con un sondeo realizado entre el 1 y el 5 de marzo, el 63 % de la gente pide la renuncia de Kuczynski, mientras que un 51 % cree que el mandatario no llegará a cumplir sus primeros cuatro años al frente del Gobierno debido a las denuncias de presunta corrupción en su contra.
En diciembre de 2017, Kuczynski ya se salvó de un impeachment (proceso de destitución) en el Congreso, al no lograr la oposición los 87 votos necesarios para declarar la vacancia del cargo del jefe de Estado peruano, gracias al apoyo del sector fujimorista, justo días después de que el mandatario indultara al expresidente Alberto Fujimori condenado a 25 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves.
