Durante la audiencia, los comisionados y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH rescataron el valor de las protestas sociales y manifestaron su preocupación por discursos estatales que buscan deslegitimarlas.
En tal sentido, preguntaron al Estado sobre sus criterios para el uso de la fuerza y de las llamadas “armas menos letales”, que según afirmaron pueden causar muertes. También cuestionaron la intervención sin identificación ni uniforme de agentes de las fuerzas de la seguridad en las manifestaciones. Condenaron la represión y detención de trabajadores/as de prensa que estaban registrando las manifestaciones y enfatizaron la necesidad de garantizar que puedan cubrir el desarrollo de las protestas.
El Relator Especial, Edison Lanza, destacó que en algunas protestas durante 2017 –entre ellas, la del 8 de marzo y otras que involucraban reclamos sindicales–, hubo un uso desproporcionado de la fuerza e incluso “algún tipo de saña” contra las y los manifestantes. Por lo cual preguntó: “entonces ¿qué evaluación hicieron las fuerzas de seguridad y el Estado de todas estas situaciones?”.
Sin responder a esa pregunta, en general el Estado pretendió justificar su accionar afirmando que hay protestas pacíficas y otras violentas en las que las fuerzas de seguridad hicieron lo que tenían que hacer.
Este argumento sin embargo no da cuenta de la gran cantidad de situaciones de represión, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes que ocurrieron en protestas en las que no se registraron episodios de violencia.
Tampoco explicó por qué, aún en aquellas protestas en las que hubo desmanes y agresiones, la respuesta policial fue desmedida y arbitraria. Incluso en esos casos se registraron muchas detenciones injustificadas y, respecto de las manifestaciones de diciembre pasado, hoy se mantiene a dos personas detenidas.
Abusos represivos
A pesar de que, en 2017, las fuerzas de seguridad cometieron innumerables abusos en los operativos, en la audiencia el Estado solo se refirió al procesamiento del efectivo de la Policía Federal Argentina Dante Barisone, quien atropelló con su motocicleta a un joven, ocasionándole lesiones graves –un hecho que fue grabado y tuvo mucha visibilidad.
Es contradictorio que el Ministerio de Seguridad haya afirmado en la audiencia su compromiso con el avance de esta causa judicial cuando la defensa de Barisone está a cargo de la División de Asuntos Penales de la Policía Federal, dato que omitieron mencionar.
El año pasado, hubo al menos 175 detenidos en contextos de protesta en la Argentina. Y se observó una estrategia política y judicial para acusar a las personas detenidas de “intimidación pública”, un delito de competencia federal. De los cinco casos que se iniciaron bajo esa figura, tan solo queda uno abierto con esa calificación, “pero en el transcurso de esos procesos, muchas personas fueron detenidas e incomunicadas,” dijo Diego Morales, director del Área de Litigio y defensa legal del CELS.
La activista del movimiento feminista Natalia Milduberger remarcó que en las protestas de mujeres, lesbianas, travestis y trans se intersectan las violencias machistas y las violencias policiales. Ella fue una de las personas detenidas arbitrariamente después de que finalizara la protesta del 8 de marzo en el contexto de una cacería policial y estuvo sujeta a un proceso penal durante casi un año.
Violencia contra la prensa
La representante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) presentó un documento conjunto con el CELS sobre la violencia policial contra reporteros/as y periodistas e hizo notar, entre otras cuestiones, que más de cuarenta y cinco trabajadores de prensa fueron heridos por balas de goma mientras registraban las manifestaciones en 2017.
El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), además de enumerar una serie de episodios de represión a protestas sindicales, plantearon situaciones de persecución de sus dirigentes y de criminalización de su trabajo.
Remarcaron que el abuso de la conciliación obligatoria y el intento de revocar la personería gremial de algunos sindicatos impiden el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de asociación o de reunión.
