Este documento refirma las denuncias de los hondureños contra los abusos de su gobierno.
La oficina del alto comisionado reconoció en su informe el asesinato a manos de policías y militares de 22 personas.
El organismo reconoce que hubo graves violaciones a los derechos humanos desde el día 26 de noviembre de celebradas las elecciones hasta la toma de posesión de Juan Orlando Hernández el día 27 de enero del 2018.
El documento cita que reconocen que existió actos violentos de los manifestantes, las lesiones sufridas por los manifestantes indican que las fuerzas de seguridad hicieron uso de la fuerza letal de manera intencional.
Ese informe representa un fuerte llamado para el gobierno hondureño quien aún no reconoce los desaparecidos, las muertes y los presos políticos luego de la crisis post electoral del 26 de noviembre.
7 víctimas mortales murieron por disparos a la cabeza, y hasta la fecha ninguna autoridad ha sido requerida por estos asesinatos.
Más de mil personas fueron detenidas ilegalmente según el informe, e instan al parlamento hondureño delimitar las acciones de la policía militar y prohibir su despliegue en protestas sociales.
