Mientras se desarrollaba la audiencia, equipos de fiscales y policías allanaban la casa de Kuczynski, en el exclusivo barrio de San Isidro, y su casa de campo en la Cieneguilla, en las afueras de Lima.
La medida fue pedida ayer mismo, casi al mismo tiempo que el parlamento cesaba a Kuczysnki tras su renuncia y asumió su reemplazante, el hasta entonces primer vicepresidente, Martin Vizcarra.
El arraigo forzoso del exgobernante de 79 años fue dictado por el juez Juan Carlos Sánchez, tras la fundamentación del pedido, a cargo del fiscal Anticorrupción, Hamilton Castro, contra el que se abstuvo de poner reparos el abogado de Kuczynski, César Nakazaki.
Sin embargo, tras la audiencia Nakazaki remarcó el hecho que el arraigo fue dictado en el marco de una investigación preliminar, sin que haya aún cargos concretos y sosuvo que su cliente no favoreció a ninguna empresa mientras ejerció cargos públicos.
El fiscal Castro hizo un resumen del caso, señalando una empresa de propiedad de Kuczynski, Westfield, y otras ligadas a él y registradas con el mismo domicilio de la primera en Miami, Estados Unidos, recibieron fondos de la empresa brasileña Odebrecht y los trasladaron a cuentas de Kuczynski.
Ese dinero se originaba en servicios de consultoría que Kuczynski, al ser requerido por una comisión parlamentaria sobre el documento de uno de esos servicios y el correspondiente contrato, respondió que todos se hacía de palabra y, ante otras preguntas, señaló vaguedades como que lo había olvidado.
Castro señaló que Odebrecht fue contratada por el Estado peruano mediante procesos en los que tuvo que ver Kuczynski como ministro de Economía del gobierno neoliberal de Alejandro Toledo (2001-06), lo que permite presumir que favoreció a la compañía con actos presuntamente criminales.
El investigado alega constantemente que mantenía sus empresas y sus labores gubernamentales divididas por una 'muralla china' y que Westfield quedó a cargo del chileno Gerardo Sepúlveda, lo que este ha negado.
El exgobernante tiene pendiente otra investigación que incluye a Toledo, prófugo y extraditable por recibir de Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares.
Esa pesquisa parte de la presunción de que ambos favorecieron a un consorcio extranjero para la explotación y exportación de gas, en términos desfavorables para Perú y señala que previamente Kuczynski fue consultor financiero de la norteamericana Hunt, empresa integrante del consorcio.
Otro caso pendiente es el del aporte de 300 mil dólares a la campaña electoral de Kuczynski de 2016 que el exrepresentante de Odebrecht reconoció ante fiscales peruanos, al afirmar que también recibieron fondos otros candidatos.
