Los trabajadores dependientes de la educación pública francesa han salido a la calle para denunciar la aceleración de la precariedad de sus puestos de trabajo. Profesores pero también auxiliares de educación, personal administrativo, médico, de seguridad e incluso de limpieza e higiene rechazan lo que definen como un abuso en la utilización de contratos temporales.
El Gobierno de Emmanuel Macron anunció a su llegada que iba a suprimir 120.000 puestos de funcionarios. A esta medida ha sumado la supresión en el sector educativo público de 20.000 contratos subvencionados lo que ha tenido una incidencia directa en colegios e institutos al haberse tenido que cerrar clases y suspender actividades escolares. También se han visto afectadas la medicina escolar, la ayuda pedagógica o el seguimiento personalizado de alumnos en dificultad.
Los manifestantes piden que los contratos temporales se conviertan en definitivos. Aseguran que la estabilidad laboral reducirá la precariedad y mejorará la calidad de la enseñanza y las condiciones de la vida escolar lo que redundará en beneficio de los alumnos.
Los trabajadores de la enseñanza pública no entienden que el Gobierno, que ha querido hacer de la educación una de sus prioridades políticas, siga aplicando medidas de austeridad que no son buenas ni para mejorar la calidad de la enseñanza ni para reducir el desempleo y la precariedad.
