“No son tres, somos todos” y “Gobierno farsante, asesino de estudiantes”, fueron algunas de las consignas que gritaron los miles de manifestantes en Guadalajara, la segunda mayor ciudad del país.
Tras permanecer desaparecidos por más de un mes, autoridades del estado de Jalisco (oeste) confirmaron el lunes la muerte de Salomón Aceves Gastélum (25), Daniel Díaz (20) y Marco Ávalos (20), quienes fueron secuestrados y descuartizados por miembros de un cártel de narcotraficantes.
También en la ciudad de México centenares de personas realizaron el mismo día una protesta conjunta en la Ciudad de México (la capital) junto a varias organizaciones civiles para conmemorar 43 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa localizada en el estado de Guerrero (suroeste).
“Hoy sabemos que quieren cerrar el caso (...) estamos seguro de que vamos a llegar a la verdad, porque no existen pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos están muertos”, lamentó uno de los padres de las víctimas durante la movilización.
La marcha se realizó por los familiares, activistas y compañeros de los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014, desde el palacio Ángel de la Independencia hasta el Palacio del Paseo de Reforma para reclamar ante la Secretaría de la Gobernación una audiencia con el encargado del caso.
Los manifestantes denunciaron que el secretario estatal Alfonso Navarrete, quien desde hace cuatro meses tiene a cargo las investigaciones, no ha hecho caso a una exigencia de reunión con los familiares para poder encontrar una resolución al caso de los secuestros.
Los familiares de las víctimas al insistir en su derecho a la verdad y justicia para sus hijos, expresaron su preocupación que el contexto de las elecciones presidenciales interfiera con la continuidad de las indagaciones al respecto.
En 2017, la Cámara de los diputados de México aprobó con unanimidad la ley general sobre desaparición forzada, un paso trascendental ante una de las grandes tragedias de este país.
El dictamen prohíbe que se archive ningún caso de desaparición forzada y que se aplique cualquier tipo de impunidad o amnistía y también insta a las autoridades a “prevenir, sancionar y erradicar” este delito e informar de las investigaciones a los familiares de las víctimas, a las que concede el derecho de participar en la búsqueda directa.
