La jueza Devindra Rampersad señaló en su sentencia que las leyes que prohíben la “indecencia grave” infringen los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales y trans que habitan en las islas, la cual, se estima, está conformada por aproximadamente 100 mil personas.
”El tribunal declara que los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales son inconstitucionales, ilegales, nulos inválidos y sin efecto en la medida en que estas leyes penalicen cualquier acto constitutivo de conducta sexual consensual entre adultos”, dijo Rampersad. .
De acuerdo con la ley vigente, los hombres que son acusados de practicar sexo penetrativo con otro hombre pueden enfrentar penas de hasta 25 años de prisión, mientras que cualquier otro acto sexual con otro hombre puede recibir como castigo una pena de cinco años de cárcel.
Originalmente, esta ley fue introducida durante la época de la colonia por los británicos que arribaron a la isla, pero desde entonces no se había realizado ninguna modificación al respecto. Con anterioridad, el Parlamento del país intensificó las penas máximas para los acusados de tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo; la primera vez fue en 1986, año en el que la pena se elevó a 10 años, mientras que la segunda ocasión fue en el año 2000, cuando la pena alcanzó los 25 años de prisión.
El fallo en contra de esta ley se hizo gracias que el reconocido activista local Jason Jones demandara al gobierno de Trinidad y Tobago con la intención de derogar estas leyes coloniales. La batalla legal inició en 2017, cuando presentó la demanda para eliminar la Ley Sodomía en las islas.
“Soy un criminal simplemente porque soy un hombre gay. Hay alrededor de 100 mil personas LGBT en mis islas, todas viviendo con la amenaza de una ley penal. Heredamos estas leyes de Gran Bretaña, pero mi propio Gobierno extendió la ley para incluir a las lesbianas después de que obtuvimos nuestra independencia”, señaló Jones, quien argumentó que la ley es inconstitucional e infringe su libertad de expresión y su privacidad.
El fallo representa un precedente para que otros países prohibicionistas de la región y el mundo entero, como Antigua, Barbados, Granada, Jamaica, Saint Kitts, Santa Lucía y San Vicente, den marcha atrás a las leyes que criminalizan las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo.
