Entre los Considerandos de su Resolución Nº 268/18, el Cuerpo expresó en dicha oportunidad:
– Que el Presupuesto no contempla el incremento de fondos para gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales.
– Que se ha reducido el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDAR), Programa de Mejoramiento para las Universidades.
– Que en el último Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el gobierno nacional anunció la suspensión de nuevas obras de infraestructura en las Universidades Nacionales, que estaban programadas para el Ejercicio 2018.
– Que tales medidas evidencian una política de ajuste y desfinanciamiento que perjudican a la educación pública, y en particular a las Universidades, poniendo en riesgo la continuidad de su funcionamiento.
– Que en lo particular, por Resolución Nº 1020/17, este Cuerpo ha manifestado su repudio y rechazo respecto del manejo arbitrario para la decisión que determinara la distribución de fondos de la “Planilla B”.
-Que tanto las medidas de alcance general, como aquellas de índole particular que afectan directamente el financiamiento de esta Universidad, la colocan en un estado de vulnerabilidad tal, que la imposibilita de programar el normal desarrollo de sus actividades sustantivas.
– Que la educación pública requiere de financiamiento como condición necesaria para su desarrollo, y es el Estado quien sobre ello posee la responsabilidad indelegable, por cuanto políticas de recorte presupuestario configuran de hecho, una estrategia de corrimiento de las responsabilidades mencionadas, debilitando y desprestigiando a la educación.
En ese sentido, el Consejo resolvió:
– Rechazar toda política de reducción presupuestaria de la educación pública en general, y la de nivel superior en particular, en el entendimiento que dichas políticas configuran un ataque a la educación pública y un poceso de desfinanciamiento que llevará a las Universidades Públicas al borde de la paralización de sus actividades sustantivas.
– Expresar como comunidad universitaria que el derecho a la educación es responsabilidad indelegable del Estado, por cuanto demandamos la asignación de un presupuesto acorde a las necesidades del conjunto de las Universidades Nacionales, para el ejercicio del derecho de la ciudadanía a acceder a una educación universitaria de calidad, pública, inclusiva y gratuita.
