La Comisión Provincial por la Memoria intervino desde octubre del año pasado cuando se conocieron los hechos acompañando a los y las vecinas víctimas de estas prácticas.
Las irregularidades en los operativos y allanamientos alertaron al equipo de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM cuando aparecieron las primeras denuncias: no había órdenes judiciales para allanar, no coincidían las actas policiales con lo que había sucedido, las actuaciones las iniciaba personal de civil, no se consignaban en las actas todos los elementos secuestrados en el allanamiento y aparecían otros “plantados”.
Al detectar estas cuestiones el organismo realizó el pedido de informes y otras presentaciones pertinentes ante la defensoría y la fiscalía que intervenían en el caso, así como ante Asuntos Internos.
El resultado fue que los vecinos falsamente acusados por tenencia y comercialización de estupefacientes quedaron sobreseídos y la Auditoria de Asuntos Internos desafectó a 6 policías de la dependencia en cuestión, incluyendo al subcomisario a cargo, Cristian Andrés Demarco y un subteniente, Osvaldo Gabriel Gómez, apodado “Chucky”. Además la Fiscalía N° 7 cuya titular es Virginia Bravo inició una causa penal sobre los agentes involucrados.
A partir de los testimonios de los y las vecinas del barrio y otros elementos que constan en la causa como el cruce de libros y datos, Bravo pudo determinar que los efectivos irrumpieron en más de un domicilio sin orden judicial, con violencia, que redujeron y esposaron a las personas para revisar el lugar y que amenazaron para que incriminaran a otras, falsearon las actas, robaron dinero de una de las casas allanadas y pidieron sobornos. A partir de esto la fiscal solicitó la detención de Jorge Porsella, José Sosa, Facundo Rodríguez, Rolando Morales y Fernando Pardo; aunque no incluyó al subcomisario De Marco ni al subteniente Gómez.
Hasta el momento habían sido detenidos Sosa, Rodríguez y Pardoy permanecían prófugos Porsella y Morales. “Las prácticas policiales ilegales, no pueden pensarse aisladas sino como respuesta frente a la ausencia de políticas integrales en materia de seguridad”, explican desde la CPM.
“Este caso, es solo un ejemplo de cómo las prácticas policiales generan condiciones de vulnerabilidad y siempre implican la amenaza de sufrir represalias. Pudo comenzar a resolverse cuando se logró sortear ese temor y conocer los relatos de quienes convivían con ese hostigamiento”, agregan desde el organismo que viene relevando el accionar ilegal incorporado en las rutinas policiales y judiciales. “Nos encontramos frente a un escenario donde la policía no persigue el delito, sino que lo regula”, sentencian.
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