El aumento al salario mínimo en el sector de la construcción a 15 dólares la hora es una determinación de política pública de mi administración en beneficio de los empleados, estableció el mandatario al reaccionar al pedido del organismo impuesto por Estados Unidos.
La JSF envió la víspera una comunicación a Rosselló Nevares y a la Asamblea Legislativa para hacer una recomendación según la sección 205 de la legislación federal Promesa, que restó poderes al Gobierno isleño como se concibió en la constitución del Estado Libre Asociado (ELA), en 1952, que en la práctica no se cumple.
El organismo impuesto por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca para controlar las finanzas públicas de Puerto Rico, ante su bancarrota fiscal con una deuda pública de 73 mil millones de dólares, recomendó al mandatario boricua rescindir el decreto 2018-033, que fija dicho salario para quienes laboran en proyectos de construcción financiados por el Gobierno federal.
Actualmente el sueldo mínimo en esta isla del Caribe es de 7,25 la hora, aunque en el área de la construcción se paga más de acuerdo con la especialidad del obrero.
Rosselló Nevares recordó que la JSF ha reconocido la facultad al realizar una recomendación que no acogerá, porque 'aunque estimamos su sugerencia, nuestro objetivo es garantizar que se remunere adecuadamente a clase trabajadora'.
Indicó, en declaraciones escritas, que aunque estima la sugerencia, 'nuestro objetivo es garantizar que los fondos de recuperación, aportados por el Gobierno federal de la nación norteña, circulen en nuestra economía y hagan la debida justicia social'.
Ante la oposición del sector privado, en coincidencia con la JSF, a este incremento salarial, Rosselló Nevares anticipó que buscará alternativas para incentivar la economía sin afectar este beneficio otorgado a los trabajadores.
El gobernante apuntó que aunque falta mucho por hacer, 'ya vemos signos positivos en los indicadores económicos y en las estadísticas federales de empleo'.
La Junta de Supervisión considera que las políticas para aumentar la tasa de empleo deberían tener prioridad en la mente del Gobierno cuando elabora políticas económicas para Puerto Rico', manifestó en su carta José B. Carrión III, presidente de la JSF, integrada por siete miembros nombrados por el Congreso federal y la Casa Blanca.
Carrión III consideró que, en este contexto, el curso más prudente sería dejar que el mercado dicte los salarios de los proyectos de construcción financiados con fondos federales y, en la medida que aumente la demanda de trabajadores, esperaríamos que dicha remuneración crezca según esa demanda.
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