Formada esencialmente por correligionarios de Gerardo Morales, tres de ellos instalados al iniciar su mandato, la justicia jujeña ya había desoído el mandato de la CIDH, de caracter vinculante de acuerdo a los tratados internacionales reconocidos por la Constitución nacional, y ahora hace lo mismo con la Corte Suprema.
En una clara demostración de las violaciones constantes de los derechos humanos en la militarizada provincia norteña, también prohibieron al equipo médico designado por la parlamentaria del Parlasur visitarla.
Luego de permanecer 11 días en huelga de hambre (se cumple este sábado) y con la desobediencia judicial del Superior Tribunal de Justicia a cuestas, que desoyó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pedía el inmediato traslado y la restitución inmediata de la prisión domiciliaria, la dirigente social Milagro Sala pasado el mediodía de hoy, volverá a la vivienda del Dique en la localidad de El Carmen.
El operativo de seguridad que dispuso el juez residual penal, Pablo Pullen Llermanos informa que, durante este mediodía, Sala sea trasladada desde el penal federal de la ciudad salteña de Guemes a la vivienda, que está ubicada en las proximidades del dique. La espera su compañero de vida, Raúl Noro.
El magistrado aún no notificó al equipo de abogados que tiene la diputada del Parlasur, que está liderado por Luis Hernán Paz. Pullen Llermanos argumentó que cuando revocó la prisión domiciliaria hace el pasado martes 7 de agosto, después de las 22.00 horas, era “para resguardo de su integridad, salud y persona”.
El juez entendió que las últimas acciones de Sala atentaban contra sí mismo y entorpecía a la Justicia, puesto que la ex dirigente está siendo juzgada, junto a otras 30 personas, del juicio oral y confidencial por la causa Pibes Villeros, donde se investiga una supuesta defraudación al Estado por 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones habrían sido cobrados por las cooperativas que conformaban la Red de Organizaciones Sociales, para construir núcleos habitacionales, en el programa nacional “Vivir Mejor II”.
El dictamen del juez residual fue apelado por los abogados, que presentaron un habeas corpus correctivo y la Corte Suprema ordenó este martes al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy cumplir “inmediatamente con la restitución de la prisión domiciliaria, en su residencia habitual”, que es en el barrio Cuyaya de la capital provincial, en la calle Gordaliza, como había dispuesto la Corte IDH y no en El Carmen. De esta manera, la justicia provincial sigue incumpliendo con lo ordenado por el máximo órgano judicial del país.
No hay comentarios: