El lunes concluye un periodo de comentarios públicos sobre una propuesta del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), la cual, entre otros puntos, cerrará gran parte de la acera frente a la mansión ejecutiva a las manifestaciones públicas.
Al mismo tiempo, la norma limitaría la capacidad de las diferentes agrupaciones para realizar actos espontáneas sin permisos en esa área y en la cercana Explanada Nacional, escenario habitual de movilizaciones, y dejaría abierta la posibilidad de cobrar costos y tarifas a los organizadores de protestas.
De acuerdo con medios locales, el plan fue lanzado en agosto sin mucha difusión, pero los grupos de derechos civiles han sonado las alarmas en los últimos días a medida que el periodo de comentarios llega a su fin y las reglas pueden estar más cerca de entrar en vigor.
La propuesta presenta más de una docena de cambios en la forma en que el NPS facilita las protestas, incluida la cantidad de manifestantes que pueden reunirse en las tierras de los parques nacionales sin un permiso, las áreas en las que tienen permitido congregarse y si deberán reembolsar a la agencia por el apoyo y la seguridad que proporciona.
Expertos constitucionales han cuestionado las medidas, pues consideran que imponer tarifas a quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda, que defiende la libertad de expresión, podría ir en contra de la carta magna, mientras diversos grupos sostienen que pagar tarifas desalentaría a las personas que quieren manifestarse.
The Washington Post divulgó que abogados de la ACLU están examinando otras partes de la iniciativa, incluidos los límites en los que los manifestantes pueden pararse en la acera fuera de la Casa Blanca.
En un llamado publicado en su página digital para instar a los ciudadanos a comentar sobre el plan, la unión señaló que las modificaciones del NPS violarían una orden judicial anterior que permite manifestaciones de al menos 750 personas en esa zona.
Además, la ACLU sostuvo que el derecho a protestar de inmediato en respuesta a los acontecimientos que se desarrollan es una parte clave de la libertad de expresión.
El corazón del asunto es claro: al presidente Trump no le gustaría tener manifestantes en su puerta, pero la Primera Enmienda garantiza su derecho a estar allí, expresó Arthur Spitzer, codirector legal de la ACLU en Washington DC.
Hasta esta mañana unas 10 mil personas habían expresado sus opiniones sobre los cambios en las reglas, y más de 16 mil 200 firmaron una petición de la ACLU para oponerse a las restricciones.
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