Las acusaciones están vinculadas a las declaraciones de cuatro víctimas; son en total 28 los casos que se reprochan y que no fueron juzgados en el anterior tramo.
Con la intervención del fiscal general Daniel Adler, se celebró una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata luego de los recursos presentados por las defensas de los seis imputados en la causa que investiga los hechos de trata de personas y explotación sexual de mujeres en el ex prostíbulo La Posada, ubicado en el centro marplatense.
Otro tramo de esta investigación había llegado a juicio en 2017, en la que resultaron todos los acusados absueltos. En el debate, la absolución de cinco de los imputados había sido consentida por el fiscal de juicio.
No obstante, en relación al hombre acusado de actuar como financista de la organización, el fiscal Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), había interpuesto un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal -instancia en la que también intervinieron los fiscales generales Javier De Luca y Gabriel Pérez Barberá-, que finalmente revocó la absolución del Tribunal Oral.
En ese momento, la acusación era por 16 hechos, es decir, por la situación de 16 mujeres, todas ellas llegadas desde Paraguay, atravesadas por situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, con hijos e hijas a cargo, con bajos de niveles de instrucción y la necesidad de mejorar su realidad. Habían sido recibidas en Mar del Plata y compartían una vivienda en la calle 20 de Septiembre al 3500 –facilitada por el dueño del prostíbulo que falleció estando detenido-, y cada noche eran llevadas en combis o taxis hasta el local, ubicado en 11 de Septiembre al 3000, donde eran ofrecidas a modo de mercancías a los varones prostituyentes que allí concurrían, y realizaban los “pases” en el hotel lindero.
Ahora, la acusación recae sobre otros 28 casos, a raíz de la declaración de cuatro víctimas, las cuales no habían brindado su testimonio entonces. Por eso el MPF sostuvo: “En parte, si las víctimas no fueron habidas rápidamente es porque luego de los allanamientos e inspecciones municipales de 2009 y 2010, no tenían su DNI argentino, porque eran de nacionalidad paraguaya, y todo eso dificultó su ubicación. Y eso también tiene que ver con el tipo de maniobras que se buscan en casos de trata de personas donde hay víctimas vulnerables que en ese momento no tenían su documentación en regla”.
Los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Alejo Ramos Padilla deberán resolver si habilitan o no la realización de un juicio contra los imputados de uno de los mayores emprendimientos prostibularios que conociera la ciudad de Mar del Plata.
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