El proyecto fue ingresado a la Cámara Baja con las firmas de los diputados y las diputadas Silvia Augsburger (PS), Mercedes Meier (FSyP), Rubén Giustiniani (PS), Carlos Del Frade (FSyP), Leandro Bussato (Unidad Ciudadana), Eduardo Di Pollina (FPCyS), Alicia Gutiérrez (SI) y Fabián Palo Oliver (FPCyS).
En octubre pasado el Concejo Municipal de Rosario aprobó el decreto que tiene el mismo objetivo y los genocidas que cumplen prisión domiciliaria en la ciudad fueron declarados personas no gratas.
En ambos casos, el proyecto fue impulsado por Verónica Gauseño, miembro de la mesa directiva de APDH Rosario e hija de desaparecidos. En todo el territorio provincial son 43 los condenados por delitos de Lesa Humanidad que cumplen prisión domiciliaria. Entre ellos Manuel Cunha Ferré, Ariel Antonio López, José Carlos Scortechini, Pedro Pili Rodríguez, Carlos Altamirano, Hermes Brusa, ex juez condenado tres veces por delitos de lesa humanidad (2009/2014/2017) con pena de 23 años de prisión unificada y que recientemente se vio beneficiado con este régimen de detención.
El otorgamiento de prisiones domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad puede implicar un retroceso en las políticas de Estado sobre Memoria, Verdad y Justicia. La cual se puede agravar aún más cuando los controles sobre el cumplimiento son inexistentes o sumamente laxos. En tales contextos, el beneficio es impunidad. Y la impunidad es incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
“En este tipo de delitos, tenemos que exigir no sólo que se juzgue y sancione a los que se encuentren responsables, sino también que se garantice el debido cumplimiento de la condena que se les aplique. Pues, no puede pasarse por alto, que la aplicación de la detención domiciliaria como modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva o de la ejecución de la pena de personas imputadas o condenadas por crímenes contra la humanidad, por más que responda a cuestiones humanitarias, también implica la re victimización de aquellas personas que sufrieron y fueron víctimas directas de genocidas que desde el Estado sembraron terror para implantar un modelo económico de exclusión y pobreza, además del pacto de silencio que sigue vigente, por el cual se niegan a decir dónde están los restos de los compañeros desaparecidos, lo que perpetúa un delito continuado y sigue siendo una tortura para los familiares que continúan su búsqueda”, reza el proyecto presentado.
El antecedente de esta iniciativa fue una ordenanza similar aprobada por el Concejo de la ciudad de Bariloche. Allí mes pasado fueron declaradas personas no gratas los represores residentes de esa ciudad. En ese caso quienes trabajaron para que ese proyecto se convierta en una normativa oficial fueron la regional de Bariloche de APDH y la concejala Ana Marks, quienes también colaboraron para que sea un hecho la presentación realizada en Rosario.
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