(11/05/15 - Córdoba)-.La causa investiga la complicidad de cinco funcionarios judiciales en el fusilamiento de treinta presos políticos. La investigación estuvo un año y medio paralizada.
La nueva audiencia fue convocada para el lunes por la Cámara de Apelaciones. La causa, dicen los querellantes, “es un paradigma de lo que fue la complicidad civil con el terrorismo de Estado y por eso ha sido tantas veces postergada, con la complicidad de los funcionarios actuales”.
Después de un año y medio de inmovilidad, el lunes se reiniciará el proceso en el que cinco exjueces y funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba están acusados de complicidad con los asesinatos de treinta presos políticos que estaban a su cargo, fusilados entre abril y octubre de 1976.
Uno de los presos fue ejecutado de un tiro en la cabeza en el patio de la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) y ante decenas de testigos. Otro murió luego de ser estaqueado a la intemperie en la helada noche del 14 de julio. Los demás, acribillados en ocho fusilamientos colectivos presentados como “intentos de fuga”.
El 22 de diciembre de 2010, los exgenerales Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados por estos crímenes junto con una veintena de ex militares y policías. En ese juicio no se sentó en el banquillo de los acusados ningún juez ni funcionario judicial, a pesar de que ya había una investigación penal en su contra.
El 27 de septiembre de 2007, Luis Miguel Baronetto, expreso político en la UP1 y esposo de Marta Juana González, asesinada el 11 de octubre del 76 luego de haber tenido a su segundo hijo en cautiverio; Juan Miguel Ceballos, abogado e hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima del mismo fusilamiento, y Rubén Arroyo, histórico abogado de derechos humanos, habían presentado la denuncia en el contexto de la causa UP1.
La jueza Cristina Garzón de Lascano la instruyó por separado y la tituló “Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud”, a pesar de que las causas penales llevan el nombre de los imputados. Todos eran miembros del Poder Judicial: Miguel Ángel Puga, extitular del Juzgado Federal Nº 2; Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, exfiscales federales; Ricardo Haro y Luis Molina, exdefensores oficiales, y Carlos Otero Álvarez, exsecretario penal del Juzgado Federal Nº 1 -que presidía Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984- y por entonces vocal del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba.
Salvo Alí, desafectado por incapacidad, hoy están acusados en la denominada causa “Cornejo, Antonio Sebastián y otros s/a de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248), incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes (Art. 274) y encubrimiento (Art. 277)”, y conocida como “causa de los magistrados”.
Los delitos no perseguidos ni denunciados fueron las detenciones y allanamientos ilegales -por carecer de orden judicial-, robos, tormentos, abusos sexuales, un caso de aborto inducido por golpizas y los asesinatos de la treintena de presos políticos que estaban a su cargo en la prisión de barrio San Martín.
Entrevista en Sierra Chica
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| Luis Miguel Baronetto, expreso político y denunciante |
El 22 de marzo de 1977, el juez Zamboni Ledesma, el secretario Otero Álvarez, el fiscal Humberto Vidal -reemplazante de Alí- y el defensor Molina visitaron a Baronetto en la cárcel de Sierra Chica para ampliar su indagatoria.
-Antes de responder cualquier pregunta, quiero saber quién mató a mi mujer –exigió el militante de la Juventud Peronista y Montoneros.
El juez guardó silencio y su secretario intervino:
-Lo único que tenemos es este comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército –dijo Otero Álvarez antes de leer el parte que informaba sobre “seis subversivos muertos en un intento de fuga” y llevaba la firma del coronel Vicente Meli.
-Eso es mentira. Acaban de escuchar a Eduardo De Breuil contarles que lo obligaron a presenciar el fusilamiento de su hermano y el comunicado dice que fue durante un “intento de fuga”. Además, nadie puede sacar a los presos de la cárcel sin autorización de un juez...
-Baronetto, con esto el único perjudicado va a ser usted -lo interrumpió Molina-. Mire, su causa se va a solucionar en poco tiempo y después se va a poder ir del país con sus hijos.
31 años después, Baronetto relató aquella entrevista al fundamentar el pedido de remoción y jury de enjuiciamiento al juez Otero Álvarez, ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Al finalizar, el diputado nacional del Frente para la Victoria Carlos Kunkel confirmó: “Yo estuve preso con De Breuil en Sierra Chica y me contó exactamente lo mismo”. A su vez, el senador radical Eduardo Sanz manifestó: “No tengo que escuchar nada más. Retiro mi moción (archivar las actuaciones) y adhiero a la de la diputada Diana Conti”, quien había propuesto iniciar el jury.
Entre sus conclusiones sobre el caso, la Comisión expresó que los actos imputados a Otero Álvarez “sin lugar a dudas, constituirían causal de mal desempeño ya que manifiestan una actitud colaboracionista del magistrado con los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado y una falta de apego a los principios constitucionales”. Sin embargo, el jury no llegó a concretarse, porque Otero Álvarez presentó la renuncia.
Laberinto de amistades
Desde su inicio, la causa judicial fue varias veces interrumpida por apartamientos y recusaciones, la mayoría basados en la “amistad íntima” de los jueces y funcionarios actuales con sus pares acusados. Sin magistrados cordobeses en condiciones de intervenir, la instrucción derivó en 2010 en el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena.
En abril de 2011, la Cámara Federal de Córdoba -en su anterior composición- rechazó la prescripción de los delitos, al considerar que “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”.
En agosto de 2012, por pedido de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta, Herrera Piedrabuena indagó, procesó y ordenó detener a Puga y Otero Álvarez en la cárcel de Bouwer y a Cornejo, Haro y Molina en prisión domiciliaria. Meses después, recuperaron la libertad y la causa volvió a estancarse, cuando los abogados de Puga, Otero Álvarez y Cornejo apelaron sus procesamientos y la fiscalía apeló la falta de mérito dictada para Haro y Molina.
Luego de un año y medio de parálisis, la Cámara de Apelaciones –integrada desde diciembre pasado por Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos- convocó a una audiencia para el próximo lunes 11. Ese mismo día, el fiscal Trotta debe presentar su alegato en el juicio a Menéndez por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Será reemplazado en la audiencia por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
Los querellantes se debaten “entre la preocupación por tantas demoras y trabas y la esperanza por la reactivación”, según manifestó Miguel Ceballos a Infojus Noticias. Para el abogado e hijo de una víctima, la causa “es un paradigma de lo que fue la complicidad civil con el terrorismo de Estado y por eso ha sido tantas veces postergada, con la complicidad de los funcionarios actuales”.
“En el momento de los crímenes, no hubo ni una medida procesal para tratar de investigar sus circunstancias. Y hoy, la cantidad de apartamientos es reveladora de lo que llamamos ‘sagrada familia’. ‘Él me hizo entrar a la Justicia…’, ‘…fue como un padre para mí...’. Esas justificaciones son verdaderas confesiones firmadas en los expedientes. Esta causa le pone nombres y apellidos a la trama corporativa judicial. Por eso, cuando presentamos la denuncia Arroyo dijo que iba a ser la ‘causa maldita’ de la Justicia Federal de Córdoba”, recordó Ceballos.
*Por: Alexis Oliva, Infojus Noticias
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