(18/05/15 - Derechos Humanos, Megacausa Santa Fe)-.Documentos de la propia policía santafesina demuestran que durante la última dictadura casi todos los militantes políticos morían con disparos en la cabeza. Pero cuando la fuerza actuaba en otro tipo de hechos, esa “puntería” disminuía.
En los supuestos “enfrentamientos con la subversión” no hay un solo herido entre los uniformados. “Los datos demuestran que eran fusilamientos”, explicó la coordinadora María Alejandra Romero Niklison.
Los enfrentamientos fraguados fueron un recurso muy utilizado por el terrorismo de Estado para “blanquear” la muerte de militantes políticos que, en la mayoría de los casos, fueron ejecutados.
“Extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad”, “identifican a otro subversivo abatido”, fueron títulos habituales de los diarios de todo el país durante la última dictadura militar, guionados por los comunicados de prensa que distribuían las propias fuerzas represivas.
En la denominada “megacausa” que se desarrolla en Santa Fe, documentos confeccionados por la propia policía dejan al descubierto esas maniobras: en los operativos “antisubversivos” la puntería de los uniformados mejoraba considerablemente, comparándola con las acciones de la propia fuerza en otro tipo de hechos.
Casi todos los militantes políticos morían con disparos en la cabeza y no había detenidos, mientras que las fuerzas armadas y la policía no sufrían ninguna baja.
En la causa están detallados los registros confeccionados por los médicos forenses de la policía, que dejaron constancia de sus observaciones entre el 21 de junio de 1976 y el 21 de agosto de 1977.
Se trata del Libro de Sanidad N°1, que consigna el número de orden, la fecha, el médico, el nombre y apellido de la víctima, la edad, la hora, el lugar del examen, la seccional correspondiente, el diagnóstico y lesiones evidentes.
Allí están asentadas las muertes de 35 militantes, de los cuales 25 recibieron un impacto de bala en el cráneo.
En ese mismo período, la Dirección General de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de causas de lesa humanidad realizó una comparación con otras acciones de la policía, en otro tipo de hechos: sobre un total de 50 intervenciones se registraron 25 heridos y 25 muertos. Entre estos últimos, apenas 8 de ellos recibieron un disparo en la cabeza.
Como se observa, la puntería de las fuerzas represivas parecía aumentar de manera considerable en los supuestos “enfrentamientos” con los militantes de organizaciones políticas.
“El Libro de Sanidad tiene los registros y los informes del ingreso de los cuerpos a la morgue. Lo que hicimos fue un análisis para entender si hubo o no enfrentamientos, si había registrado después de cada operativo alguna víctima de parte de las fuerzas de seguridad. Pudimos reconstruir que desde el lugar del operativo no los llevaban directamente a desaparecer, sino que casi siempre pasaban antes por la morgue. Y lo que los datos que recabamos demuestran es que no había enfrentamientos, sino fusilamientos”, explicó María Alejandra Romero Niklison, que coordina el equipo que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.
El juicio por la “megacausa” se denomina así porque se trata de 24 causas acumuladas que contienen la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de Estado en Santa Fe.
El expediente fue elevado a juicio en 2012. Desde entonces fallecieron dos imputados: el ex policía Héctor Colombini, condenado a 23 años en la “causa Brusa”, y José María González, primer interventor militar de la dictadura en la provincia, condenado a perpetua en 2011 por la desaparición del militante peronista Mario Osvaldo Marini.
Los imputados son cinco: Jorge Roberto Diab, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 entre 1975 y 1979, por 34 homicidios y 4 secuestros; Juan Calixto Perizotti, coordinador del Área 212 y jefe de la Guardia de Infantería Reforzada entre 1977 y 1983, por 16 homicidios y 4 secuestros; Domingo Morales, ex jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia por tres homicidios; y el ex juez de menores Luis María Vera Candioti, junto al coronel retirado Carlos Enrique Pavón, por la apropiación y la sustracción de identidad de Paula Cortassa.
Miguel Ángel, Luis Alberto y Vilma
El 6 de septiembre de 1976, Miguel Ángel Fonseca, Luis Alberto Vuistaz y Vilma Pompeya Gómez, militantes de la Juventud Peronista, sintieron un impacto en la puerta de la casa. Inmediatamente empezaron los disparos. No hubo voz de alerta ni pedidos de rendición: entraron a matar.
“Salí por una terraza y me hirieron en el pie, por lo que caí. Mi compañero (su pareja, Vuistaz) intentó defenderse. A mí me llevaron a una casa de tortura”, contó Vilma, que sobrevivió a aquel operativo y hoy es querellante en la causa.
Las notas periodísticas de la época destacan que el frente de la casa quedó "acribillado" y confirma la utilización de granadas por parte del Ejército.
Los cuerpos de Fonseca y Vuistaz ingresaron a la morgue del Hospital Piloto (hoy José María Cullen) doce horas después.
Allí se dejó constancia de la intervención del Comando Radioeléctrico en el hecho. Fonseca presentaba cuatro heridas de bala, “producida por un arma de fuego calibre 9 milímetros”. El cuerpo de Vuistaz presentaba “una herida de bala en región superior de cráneo”.
Fonseca tenía 18 años. A los 16 había ingresado a la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Litoral, porque rindió libre las materias de la secundaria. “Lucho” Vuistaz había nacido en Salta.
Fue un destacado cuadro político que acompañó al gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, también asesinado por la dictadura militar. Desde su lugar trabajó para los pueblos originarios, que reconocieron su labor cuando su cuerpo, tras ser identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, fue enterrado en el cementerio de su ciudad natal, Embarcación. Ese día hubo un multitudinario homenaje de familiares y amigos.
Su compañera, Vilma, declaró ocho veces ante la justicia. La primera de ellas mientras estaba detenida, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en el penal de Devoto, en 1981. También durante la denominada “causa Brusa”, que llevó a la cárcel al ex juez federal, Víctor Brusa.
Ana María y Antonio
Una semana después de aquel operativo, las fuerzas represivas llevaron adelante otro similar en calle Lavaise 4465. Según el comunicado oficial, los efectivos fueron recibidos “con disparos de armas automáticas”. El diario El Litoral afirma que un uniformado fue herido: sin embargo, no existe ningún registro de ese hecho.
Allí murieron Ana María Fonseca (hermana de Miguel Ángel) y Antonio Roque Bernal. Ana tenía apenas 16 años y cursaba el cuarto año en la escuela Lourdes. Recibió un solo disparo, mortal, que según los forenses de la propia policía impactó “en el cráneo”. Antonio tenía ocho balazos. Las fuerzas represivas tampoco sufrieron ninguna baja en ese supuesto enfrentamiento.
Osvaldo, Carlos, Jorge e Ileana
El 19 de enero de 1977 barrio Candioti fue testigo de uno de los operativos más importantes de la dictadura en la ciudad. En la intersección de Las Heras e Ituzaingó las fuerzas represivas acribillaron el domicilio en el que se encontraban los militantes Osvaldo Ziccardi, Carlos Frigerio, Jorge Piotti e Ileana Gómez de Ruiz.
Hasta hace apenas unos años aún se veían los impactos en las paredes del lugar. “Fueron directamente a matarlos. La casa estaba totalmente baleada, mientras que no se encontraron impactos de balas en otros lugares. Mataron a una vecina que cuando empezó a escuchar todo se asomó. Estaba en otro piso y la mataron”, afirmó Lucila Puyol, integrante de HIJOS y abogada querellante en la megacausa.
El Segundo Cuerpo del Ejército sostuvo en aquel momento que esa vecina murió “asesinada por los subversivos”.
También informó de uniformados heridos, de los cuales tampoco existe constancia alguna. Los cuerpos de los militantes abatidos, en cambio, presentaban fracturas expuestas y varios disparos de bala.
“Todos estos supuestos enfrentamientos eran fraguados. Los militantes eran directamente asesinados. No hay militantes detenidos y no hay una sola baja por parte de las fuerzas de seguridad en esta causa”, precisó Puyol.
Cristina, Blanca y Enrique
Según informó el Ejército, el viernes 11 de febrero de 1977 se llevó adelante un operativo en el barrio San Martín. En un primer momento equivocaron el objetivo y “reventaron” la casa equivocada. Minutos después, advertidos del error, se dirigieron a Castelli 4351, donde estaban Enrique Cortassa, Blanca Zapata, Cristina Ruiz de Ziccardi y tres menores, entre ellos, Paula Cortassa.
Según los forenses de la policía, Cristina murió a causa del “estallido de la masa encefálica”, ya que fue ejecutada de un disparo en la cabeza. Blanca también recibió un impacto en el cráneo, que derivó en “un estado de coma profundo”.
Cursaba “un embarazo de aproximadamente 26 semanas al momento” del hecho. El Ejército informó que ambas habían muerto en el operativo, al igual que Enrique Cortassa, pero no fue así: Blanca estuvo unos días internada, mientras que Enrique fue secuestrado y llevado a una casa de torturas. Continúa desaparecido.
Además, el Ejército informó que había rescatado “a dos criaturas”, pero obvió a una tercera: Paula Cortassa, hija de Enrique y Blanca. Hay diez días de diferencia entre el operativo y la adopción de Paula, que pasó a llamarse María Carolina Guallane. Se cree que fue utilizada por las fuerzas represivas para “ablandar” a su padre en los interrogatorios.
Carolina supo que en realidad era Paula Cortassa en 1998. Su adopción está plagada de irregularidades que llevaron al ex juez de menores, Luis María Vera Candioti, a estar procesado en la actual megacausa.
Se encuentra probado que la fecha de encargo correspondiente al inicio del expediente de adopción está enmendada y antedatada, a los fines de impedir que se conozca el verdadero origen de Paula.
*Por Nicolás Lovaisa, Infojus Noticias
