Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 1:11
Sociedad
(31/07/15 - Trata de Personas)-.La titular de la Fundación María de los Ángeles acusó en una conferencia de prensa a los jueces Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena de haber recibido seis millones de dólares a cambio de fallar a favor de los imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de su hija, Marita Verón.
La titular de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, ratificó la denuncia contra los jueces que absolvieron a los imputados por la desaparición de Marita Verón.
Además advirtió que si bien los imputados fueron condenados en segunda instancia, actualmente todos siguen en libertad porque la Corte Suprema tucumana no dejó firme el fallo.
Trimarco acusó en una conferencia de prensa a los jueces Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena de haber recibido seis millones de dólares a cambio de fallar a favor de los imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de su hija.
Ante la fiscal de la VIII nominación, Adriana Giannoni, Trimarco expuso hoy que un correo electrónico recibido en 2010 le habían alertado de que habría irregularidades en el juicio que llevarían a un fallo nulo. Según relató, ese documento enumeraba una a una las situaciones que dos años después se vieron reflejadas durante el proceso, lo cual motivó la denuncia. "¿Por qué no voy a creer que hubo coimas si las cosas se dieron tal y como decía la carta?", sostuvo.
"Es todo una corrupción, yo no me voy a callar porque destruyeron a mi familia, no la tengo a mi hija, no me importa que me metan presa o me maten: no me voy a callar y voy a seguir denunciando", insistió. Trimarco pidió que Romero Lascano se someta a juicio político y expresó que "si no es como nosotros decimos, pediremos disculpas".
"Yo no meto todo en la misma bolsa porque hay jueces y fiscales muy buenos; no soy una loca que dice que todos son corruptos", manifestó. La causa, que está en manos de la fiscal Giannoni, fue abierta a pedido de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT).
El abogado de la Fundación María de los Ángeles, Carlos Garmendia, relató que Giannoni le preguntó a Trimarco cómo es que ella sabía de los seis millones de dólares que fueron entregados a los magistrados por Rubén "La Chancha" Ale para que el juicio quede en la nada, tal como sucedió en primera instancia.
"Ella se enteró de esto a través de personas del Poder Judicial que se lo dijeron en 2010 a través de un correo electrónico donde advierten que habían robado el expediente y brindan detalles de cómo iba a termina el juicio, lo que finalmente sucedió", indicó Garmendia. El abogado precisó que Trimarco "dio todo los detalles que tenía que dar y contestó todas las preguntas que le hizo la fiscal".
"La cuestión es que hay algunas personas como el juez Romero Lascano que está muy preocupado en lo que dice o que no dice Susana y utiliza la estructura del Poder Judicial para intentar callarla", agregó. "Hoy Susana no tiene ninguna respuesta por parte del Poder Judicial que no deja firme la sentencia que condena a los imputados", expresó.
"Gracias a ese manoseo mi hija no tiene justicia"
En una conferencia de prensa realizada hoy, Trimarco acusó a la Corte Suprema de no dejar firme la sentencia por diferencias entre los jueces del máximo tribunal. "Tengo entendido que (los integrantes de) la Corte están peleados entre ellos y la jueza que tiene que emitir el voto positivo para que la sentencia quede firme no lo hace a causa de esa pelea", señaló.
"Gracias a ese manoseo mi hija no tiene justicia", afirmó Trimarco, y recordó que si bien los imputados fueron condenados en segunda instancia, actualmente todos siguen en libertad porque la Corte no dejó firme el fallo. "Yo le pregunto a la Justicia si buscan a mi hija, porque yo sí lo hago y toda la información de la causa la volcamos nosotros y vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que aparezca", indicó.
Los 13 imputados fueron absueltos durante el juicio oral por el tribunal integrado por Romero Lascano, Herrera Molina y Piedrabuena, pero tras apelar el fallo, la Corte Suprema los encontró culpables y ordenó que otro tribunal determine el castigo que les correspondía. Diez de los 13 imputados fueron sentenciados con penas que van de 10 a 22 años de prisión, pero al no quedar firme la sentencia por parte de la Corte todos recuperaron la libertad.
