(14/08/15 - Causa AMIA)-.Javier De Gamas, María Susana Spina, Carlos Velasco y José “Pepo” Pereyra debían presentarse ayer en el juicio por el encubrimiento del atentado a la mutual judía. El magistrado Ariel Lijo también había solicitado la indagatoria de Federico Domínguez, presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que también pidió más tiempo para su presentación.
Cuatro abogados que trabajaron como secretarios en el despacho del ex juez Juan José Galeano solicitaron postergar su declaración indagatoria por el encubrimiento del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Lo hicieron en la causa que continúa en investigación, a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Se sospecha que los secretarios fueron parte de la maniobra que comenzó a juzgarse el pasado jueves 6 de agosto, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. La convocatoria de Lijo se completaba con un grupo de ex policías bonaerenses y otro de abogados, entre los que se encuentra Federico Domínguez –actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires–, que también pidió más tiempo para presentarse ante el tribunal, según informaron en el juzgado.
Javier De Gamas, María Susana Spina, Carlos Velasco y José “Pepo” Pereyra son los ex secretarios del Juzgado Federal N° 9, desde donde Galeano condujo la investigación del atentado hasta diciembre de 2003, cuando la Cámara de Apelaciones lo apartó por considerar que había perdido la imparcialidad.
Ahora, el ex magistrado llega a juicio, acusado de haber gestionado y logrado desviar la investigación. Y, en la misma semana en la que comenzó el debate oral por estos hechos, quienes fueron sus secretarios pidieron más tiempo para responder en indagatoria por “haber formado parte” de esa maniobra.
Sobreseídos en dos oportunidades durante la instrucción, ahora –y por decisión de la Cámara Criminal y Correccional–, Spina, Velasco, De Gamas y Pereyra deberán responder, entre otras cosas, por la destrucción de videocintas con entrevistas y declaraciones tomadas durante la investigación del atentado, que habrían sido utilizadas con fines extorsivos.
En una de esas filmaciones se lo ve a Galeano negociando con Carlos Telleldín, el último tenedor de la Trafic que se habría utilizado para volar la AMIA, con el objeto de que involucrara falsamente a un grupo de policías de la Bonaerense.
Esas y otras reuniones, con testigos e imputados, presumiblemente filmadas por el juez para presionarlos y consolidar su versión, habrían sido destruidas, por orden de Galeano, en la quinta del padre del entonces prosecretario Velasco. “De Gamas y Velasco llevaron los videos a la casa del último donde las destruyeron, con la complacencia de Spina, sin dejar constancia en la causa”, explicó Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa.
Durante más de veinte años los entonces secretarios de Galeano no dieron explicaciones en calidad de imputados. Spina siguió trabajando en el mismo juzgado (el Federal N°9), donde comenzó su carrera y se gestó la maniobra de encubrimiento.
De Gamas, en cambio, eligió el fin del mundo: se desempeña como juez de Instrucción en la Justicia provincial de Tierra del Fuego. Pereyra ocupó un cargo en el juzgado hasta 2009 y, como hizo Velasco en 2004, optó por dirigir su carrera a la actividad privada.
La investigación por el encubrimiento comenzó en el año 2000, cuando Claudio Lifschitz –otro de los prosecretarios del juzgado de Galeano– contó que el ex juez y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses para desviar la investigación que llevaba a la familia de Kanoore Edul, a quien el entonces presidente conocía de la comunidad árabe en Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal N° 3 lo convalidó cuatro años después, anulando por completo la instrucción de Galeano sobre los bonaerenses.
De abogados y policías
En otra resolución, el juez Lijo se ocupó de reconstruir los hechos por los que llama a indagatoria, entre otros, al actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez; la abogada Marta Nélida Parascándalo; y los ex policías de la Bonaerense, Luis Vicat y Ángel Márquez, por el delito de coacción.
“Conocían el direccionamiento que involucró a las más altas esferas del Estado, al jefe de la SIDE, al juez Juan José Galeano y a los fiscales en el desvío de la investigación”, dijo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que representa a la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando en el mes de mayo, ante la Cámara del Crimen, dio los fundamentos para que este expediente continuara abierto.
En función a lo discutido en esa audiencia, el juez Lijo cambió la calificación e imputó a este grupo por el delito de coacción, que contempla penas que van de los seis meses a dos años de prisión, a diferencia de la calificación original (por extorsión) que implicaba hasta diez años de cárcel.
Carlos Castañeda, ex jefe de la División de Dirección de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal.
Para este nuevo pedido de indagatorias, el magistrado consideró suficientemente probado que los ex comisarios de la Bonaerense Luis Vicat y Ángel Márquez; el actual camarista Domínguez; la abogada Marta Parascándalo; y el ex inspector de la Dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno bonaerense, Aldo Spicacci Citarella, colaboraron con el juez Galeano para involucrar en el atentado a los policías que finalmente resultaron absueltos.
Concretamente, los indagará por haber presionado a los policías Bautista Huici, Diego Barreda y Claudio Araya, por entonces detenidos por orden de Galeano, para que ampliaran su declaración en ese sentido.
Ante esta nueva citación, tanto Domínguez como el abogado Spicacci Citarella presentaron un nuevo pedido de postergación en el juzgado de Lijo.
En la resolución, Lijo señaló que Vicat contó con la colaboración del por entonces abogado Domínguez y de su colega Nélida Parascándolo para ofrecerle a Huici que “declare haber visto la camioneta ‘Trafic’ (que habría explotado en la AMIA) en la Brigada de Investigaciones de Lanús”, e involucrara así al ex comisario Juan José Ribelli y los otros policías.
Eso mismo, recordó la abogada querellante Gómez Alcorta, se repitió en los otros casos, y no se trató de una sino que habló de “una saga de reuniones” o encuentros donde los acusados presionaron a otros policías en igual sentido.
Por otro tramo de la investigación, desde la semana pasada, están siendo juzgados el ex presidente Menem; el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy; el ex juez Galeano; el dirigente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex jefe de la policía metropolitana, Jorge "Fino” Palacios; y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, entre otros.
*Por: Milva Benítez, Infojus Noticias
Fotografía: Sol Vazquez
