Desvío de fondos de la Fundación Felices los Niños: declaró Grassi
Julio César Grassi declaró hoy en la UFI 8 de Morón ante la fiscal Adriana Suárez Corripio por la causa en la que se investiga el desvío de las donaciones que recibía la Fundación Felices los Niños al penal de Campana, donde el sacerdote cumple la condena a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. La causa caratulada “averiguación de ilícito” se inició el año pasado cuando el actual presidente de la fundación Juan Manuel Casolati advirtió la situación.
Grassi fue trasladado esta mañana por el Servicio Penitenciario Federal desde el penal de Campana y antes de hablar ante la fiscal, se reunió con su defensor. Llegó al mediodía y su declaración se prolongó hasta entrada la tarde, confirmaron fuentes judiciales a Infojus Noticias. También expusieron ante la fiscal otros dos imputados.
En la causa, Suárez Corripio investiga a otras siete personas, además de Grassi. Todos formaban parte del círculo íntimo del cura. Entre ellos está el chofer del sacerdote, el portero de la Fundación y dos religiosas, también citadas a declarar en los próximos días. Los delitos que se le imputan contemplan penas de hasta seis años de prisión.
La investigación apunta a describir cómo y quiénes organizaran el traslado al penal 41, principalmente de comida, destinada a los chicos de entre 3 y 18 años que viven en la fundación en la localidad de Hurlingham.
Casolati, quien fuera el denunciante, se encuentra conforme con el curso que sigue la investigación. “La fiscal tomó declaración a un párroco de la zona de Campana que relata que Grassi le había pedido que tercerizara las donaciones. Ese testimonio es muy importante”, dijo el titular de la Fundación Felices.
La sede de Hurlingham de la institución hoy recibe, a través de todos sus dispositivos, a 3 mil chicos. Cambió el nombre por “Fundación Felices” y también modificó su logo. Allí funcionan diez escuelas, un hogar de día y un hogar convivencia. “Se logró aportar a través del Poder Judicial y la intervención del gobierno de la provincia a todos los que estaban vinculados a Grassi”, contó Casolati. Asimismo, dijo que “todo va mejorando”.
“Hoy en día los trabajadores de la institución se encuentran en regla, con sueldos acordes y obra social. Y los chicos que están con medidas de abrigo están de manera legal”, relató.
En 2014, cuando se conoció esta denuncia el titular de la cárcel de Campana, el prefecto mayor Raúl Garnica fue apartado de sus funciones y el Servicio Penitenciario Bonaerense abrió un sumario interno para investigar su actuación.
No es esta la única causa en la que Grassi fue denunciado por usar en beneficio propio los recursos de la Fundación. En otra fue señalado por la presunta utilización de fondos de la organización para para el pago del alquiler de una casa quinta que habitó en Hurlingham, frente al hogar para niños.
En 2009, Grassi fue condenado por el Tribunal Oral de Morón por abuso sexual agravado de dos menores que vivieron en la fundación, por hechos ocurridos en noviembre y diciembre de 1996. El sacerdote quedó detenido en 2013, cuando el fallo fue confirmado por la Cámara de Casación Penal y la Suprema Corte bonaerenses. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe definir una nueva apelación del condenado.
