Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 18:07
Argentina
(14/10/15 - CABA)-.El juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi analiza documentación vinculada a la contratación de proveedores publicitarios, para determinar si existen diferencias entre los montos informados en la web de la Ciudad y los efectivamente facturados por un grupo de radios. Los contratos surgen desde la Secretaría de Medios y de Comunicación Social de la Ciudad.
En medio de las denuncias sobre irregularidades en la entrega de pauta publicitaria por parte del gobierno porteño, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi solicitó los expedientes vinculados a la contratación de proveedores publicitarios que denunciaron irregularidades y se encuentra analizando la documentación.
Según explicaron fuentes judiciales, la “orden de presentación” que emitió el magistrado –en los primeros días de octubre– no se traduce en un allanamiento pero es más imperativa que una simple solicitud y tuvo respuesta esta semana.
A pedido del fiscal federal Federico Delgado, el magistrado impulsó la investigación para determinar si detrás de las diferencias entre los montos de publicidad informados en la web del gobierno porteño y los efectivamente facturados por un grupo de radios, se esconden maniobras para desviar fondos públicos.
A instancias de esa solicitud, el juez Martínez de Giorgi le requirió los contratos a la Secretaría de Medios y a la de Comunicación Social de la Ciudad y, a los responsables de las radios, les pidió documentación que acreditaran sus denuncias, con un plazo de 72 horas para remitirla.
“En la primera presentación, eran cuatro las radios que habían denunciado estas diferencias. Después, la fiscalía amplió y ahora se está trabajando sobre 14 expedientes”, confirmaron fuentes de la investigación. La causa se inició en septiembre, a partir de la denuncia de Julia Merediz en representación de la “Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas Ltda” de la Radio Ahijuna, de Bernal.
Recién entonces, se sumaron otras radios. Algunas, como Light FM 97.3 de San Juan y Radio Patagonia, directamente negaron haber facturado pauta publicitaria con el gobierno encabezado por Mauricio Macri. Otras emisoras, como las de Santa Teresita, Temperley, Munro, Berazategui y Tandil, podrían ampliar el grupo de afectadas, a consideración del fiscal.
“El portal de la Ciudad dice que en un año y medio emitimos pauta publicitaria por más de 600.000 pesos, cuando nosotros –a través de la proveedora que nos contrató- facturamos 35.000”, explicó Merediz.
En total, el fiscal Delgado consideró que el dinero, cuyo destino real se desconoce, ascendería a casi nueve millones de pesos; aunque adelanta que dado que existen radios en situaciones similares, esta suma podría incrementarse.
En la denuncia, Merediz pidió que se investigue la responsabilidad de Pablo Gaytán y de Miguel Godoy, titulares de la Secretarías de Comunicación Social y de Medios del gobierno porteño, respectivamente. Ahijuna no es proveedora directa de la Ciudad sino que la pauta llegaba a la emisora a través de intermediarios: los denominados “bolseros” o agencias encargadas de comprar espacios en los medios y luego venderlos a los auspiciantes. En el caso de estas sociedades, el juez Martínez de Giorgi pidió informes a la Inspección General de Justicia (IGJ).
Bolseros
En el pedido de apertura de investigación, Delgado requirió además que se realicen averiguaciones respecto de María Luz Altobelli, una esteticista que, según la investigación de la fiscalía, tendría un spa y una clínica de liposucción en San Isidro (Gerove) y sería una de las encargadas de ofrecer la pauta publicitaria del gobierno porteño.
Según las primeras indagaciones del fiscal, esta mujer y su pareja, Juan Pablo Catanzaro, un polista relacionado con la empresa “Media 4”, se encontrarían involucrados en la maniobra.
La enumeración de Delgado incluye, asimismo, un pedido de investigación sobre Brenda Matarazzo y su madre Stella Maris Citria, titulares de la empresa “Publiespacios S.A.”, nombre que habría adquirido la empresa “Media Cruz”.
Luego, convertida en “SDV Media S.R.L.” –cuyo titular sería Sebastián de Vertiz– y, finalmente, en “DCLAS S.R.L.”.
En todos los casos, su objeto social es la “venta al por mayor, en comisión o consignación, de productos textiles” y la “venta de embarcaciones”.
“Estas empresas y sociedades cambiarían sus denominaciones y sus domicilios con frecuencia, los cuales no coincidirían con las direcciones de facturación”, explicó Delgado en su escrito.
Y pidió que las indagaciones alcancen a los nombrados y a Juan Cruz Fassi, vinculado con la firma “Media Cruz”. Sin embargo, estas medidas aún no fueron confirmadas por el juzgado que, según informaron fuentes judiciales, tampoco intimó al gobierno de la Ciudad para que detalle el destino dado a los fondos, ni ordenó el chequeo del sitio web del GCBA, como lo había requerido el fiscal.
