Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 0:14
Sociedad
(22/11/15 - Trata de Personas)-.“Es una asociación ilícita que no se dedica solo al lavado, son un polirrubro delictivo”, dijo a Infojus Noticias Martín Olari, el abogado que impulsa la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), refiriéndose al clan encabezado por los hermanos Adolfo “el Mono” y Rubén “la Chancha” Ale, a los que Susana Trimarco vinculó con el secuestro de su hija Marita Verón.
La causa por lavado de dinero en la que son investigados los integrantes del clan encabezado por los hermanos Adolfo “el Mono” y Rubén “la Chancha” Ale, a los que Susana Trimarco vinculó con el secuestro de su hija Marita Verón, avanza hacia el juicio oral.
¿Quiénes son los acusados? y ¿qué rol tenía cada uno de ellos en la banda que operó, por lo menos desde 2002, trasladando mujeres entre Tucumán y La Rioja, para explotarlas sexualmente?
“Es una asociación ilícita que no se dedica solo al lavado, son un polirrubro delictivo”, dijo a Infojus Noticias Martín Olari, el abogado que impulsa la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Y aclaró que según la investigación de la pata económica, esta red se dedicaba también a “apretar” gente con deudas en sus casas de juegos de azar o de acreencias compradas a terceros, al tráfico de drogas y a tener armas, dinero y bienes sin declarar, entre otros delitos.
Según estimaciones volcadas al expediente, desde 2011 y hasta el inicio de la investigación en 2013, esta banda habría lavado más de 74 millones de pesos provenientes de operaciones ilícitas.
En debate: ¿Asociación ilícita?
Con un segundo tramo de procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones tucumana el 5 de noviembre pasado, son 18 en total los acusados por integrar esta banda.
En este último tramo, fueron 8 los imputados a los que la Cámara les confirmó la acusación, tal como había sido determinada por el juez que instruye la causa, Fernando Poviña, por asociación ilícita y lavado de activos agravado por actuar en banda.
Estos procesamientos, se suman a los 9 que la misma Cámara -con otra composición- había confirmado en abril de este año, un año y tres meses después que Poviña los dictara en diciembre de 2013.
En esa resolución, la Cámara avaló la acusación por lavado de activos; pero desestimó, en principio, la imputación por asociación ilícita. Esta decisión fue apelada por la UIF, que ahora espera la revisión de la Cámara de Casación Penal.
El organismo señaló que no se trata de una asociación dedicada “exclusivamente al lavado de activos”. Y remarcó que la misma Cámara de Apelaciones “reconoce que el dinero que lavaban tendría origen en una serie de delitos que si no se aplica la asociación ilícita quedarían impunes”.
Los cabecillas
Rubén “la Chancha” Ale. En esta causa fue el primero en sentarse frente al juez. Se presentó como remisero y titular, desde 1995, de Cinco Estrella, la flota de autos que según la instrucción se habría utilizado para trasladar mujeres, con el fin de explotarlas sexualmente, de una provincia a otra.
Hace un año, el juez Poviña dispuso que lo trasladaran al penal de Ezeiza, en Buenos Aires. Lo hizo, porque entendió que desde el sanatorio, en el que se internó cuando el juez dictó su prisión preventiva, seguía manejando los negocios ilícitos. Sus abogados apelaron. Ahora continúa la detención en su domicilio, en Tucumán.
Está imputado por el delito de lavado de activos agravado porque actuó como jefe de una banda; pero no por asociación ilícita.
Adolfo Ángel “el Mono” Ale. En los allanamientos, realizados en octubre del año pasado, en su casa en la capital tucumana y en las fincas La Mista y La Encrucijada, en el departamento de Leales, en la misma provincia, se encontraron un gran número de armas sin declarar: “una Block, con munición en recamara”, una “Winchester Proof Steel”, “una pistola Smith y Wesson” y cientos de municiones. En la causa, está comprobado que con Andrea Acosta, su pareja (por ahora con falta de mérito), integra la firma “Points Limits S.R.L.”, con locales dedicados a los juegos de azar en La Cocha, Alberdi, Aguilares, Concepción y la capital tucumana.
La patota
Carlos Ocampos “Ututo” y César Marcelo “Monito” Manca. En las escuchas que figuran en el expediente, se refieren al “Mono” Ale como “jefe”. Según un testigo de identidad reservada, eran los encargados de “manejarle los aprietes por temas vinculados a la droga, deudas de plata, autos, y también por los pókeres”.
En una conversación que mantuvieron el 6 de abril de 2014, Manca le comentó a “Ututo”: “Ay lo agarre al gerente de yuhmal sabe. Lo he levantado puteando porque no me quería dar la plata de la armería”.
Ambos están procesados como miembros de la asociación ilícita.
Los policías cómplices
Hernán “Memo” Lazarte y Sergio Parrado. El 26 de junio de 2014 el “Monito” Manca marcó el teléfono de Lazarte.
“Una camioneta gris, Berlingo gris me ha seguido hasta la casa”, le dijo y le pidió que averiguara quién los estaba vigilando. Lazarte, el policía de la División Transporte tucumana, consultó con sus colegas.
No eran ellos. La confirmación les llegaría después, el 29 de ese mes el policía Parrado le avisó a “Ututo” Ocampos que la camioneta era de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), a la que Poviña había convocado para la investigación.
La Cámara de Apelaciones tucumana, ahora confirmó el procesamiento de ambos como parte de la asociación ilícita.
Prófugos y testaferros
En 2013, el mismo día que “la Chancha” quedó internado y detenido en el sanatorio Modelo, su exmujer –María Jesús Rivero-fue trasladada al penal para mujeres en Güemes, en Salta, acusada por los mismos delitos.
Su pareja de entonces, Oscar Roberto Dilascio, y Víctor Súarez, fueron señalados como testaferros del clan. Hasta hoy, según confirmaron fuentes judiciales, Dilascio continúa prófugo.
En el expediente hay cartas en las que María Jesús Rivero le reclama a “la Chancha” que deje de poner a nombre de terceros bienes que le corresponden a ella y al hijo que tuvieron hace más de 20 años, Ángel Ale (por ahora, con falta de mérito en la investigación). Otro de los señalados como testaferro es el hermano de Rivero, Víctor Ángel.
Procesados en el primer tramo de esta causa, están imputados por el delito de lavado agravado porque integraban una banda. Los hermanos Rivero estuvieron acusados y llegaron a juicio por el secuestro de Marita, pero en 2012, la Corte tucumana entendió que no surgieron en el debate oral pruebas suficientes para condenarlos.
Socios en la empresa del Club San Martín
Fabián Antonio González. En su primera declaración indagatoria dijo quetiene autos de la Transportadora Leonel SRL trabajando en Cinco Estrellas.
Dijo que los había adquirido con dos indemnizaciones, pero los números no cierran: no alcanza para justificar los $ 2.500.000 del valor de los rodados.
En la causa también está imputada su esposa, Julia Picone, en la causa ella dijo que compraron la Transportadora Leonel con la venta de la fábrica de baterías que tenía su padre. Pero los números no dan: recién en 2010 se dio de alta en el impuesto Ganancias, desde julio de 2004 a octubre de 2007 estuvo como monotributista.
Víctor Alberto “Pelao” Suárez. En su indagatoria, en 2013, reconoció que desarrolló actividades comerciales sin declarar, entre las que mencionó la concesión de la cantina del club San Martín de Tucumán.
Admitió haber trabajado en Cinco Estrellas y que prestó cheques de $ 3.550.874 para el pago de jugadores (si bien justificó el egreso, no pudo hacerlo con el origen del dinero).
Suárez y González ocuparon, respectivamente, los cargos de Vicepresidente 2º y vocal en el club San Martín cuando Ale era presidente. Están procesados por lavado de dinero agravado porque actuaron junto a más de dos personas.
Tráfico de estupefacientes
José Lucero y Enrique Chanampa. Están procesados por la tenencia de drogas para comercializar. Chanampa también como integrante de la asociación ilícita; en su casa los investigadores encontraron “elementos de fraccionamiento y estiramiento” y más de 50 gramos de sustancia “blanquecina” y otra “pulvulurenta blanca”.
La agencia “Automotores San Martín”
Ernesto Santos Catulo. Titular de esa agencia, según la acusación se dedicaba a comercializar vehículos para la banda. Lo hacía utilizando “documentación irregular” a fin de efectivizar la apropiación extorsiva de vehículo como medios de pago, entre otros delitos.
Asociadas al delito
María Florencia Cuño. Actual pareja de “la Chancha”, comparte con el hijo de él y de Rivero la titularidad de Cinco Estrellas.
Inscripta en la AFIP desde agosto del año 2010, a su nombre figuran automotores por un valor superior a $ 766.800, dos motos, y dos propiedades de 300 y 465 metros cuadrados. No tiene actividad anterior que justifique semejantes sumas, pues sólo figura como empleada en relación de dependencia de María Jesús Rivero, entre 2003 y 2004.
Valeria Bestan.
En su indagatoria reconoció que a su nombre figura bienes que pertenecen a La Chancha, con quien estuvo en pareja durante 15 años, hasta 2011. Intento justificar sus ingresos con la concesión que le dio Ale de una tienda de ropa deportiva en el club San Martín.
Estas dos mujeres y Picone fueron procesadas, sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero.
Según la UIF, si bien quedan pendientes diversas medidas de prueba que robustecerán aún más el cuadro que inculpa a los hermanos Ale y su organización, la resolución adoptada por la Cámara permite avanzar hacia la etapa de juicio oral y público, inédito para la impunidad con la cual se ha manejado este grupo durante años en Tucumán.
*Por: Milva Benítez, Infojus Noticias
