Publicado por: Redacción
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Sociedad
(13/02/16 - Agricultura Familiar)-.El ministro Ricardo Buryaile ordenó, por pedido del área de Modernización que conduce Andrés Ibarra, la eliminación de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las distintas políticas del área.
En Jujuy ya echaron a 23 personas, sumado a una campaña a través de grandes medios de comunicación para desprestigiar el trabajo territorial de dicha área.
Así lo denunció a Página/12 Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Los campesinos denuncian que las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fueron para los sectores concentrados tanto de la Pampa Húmeda como de las economías regionales: eliminación de retenciones y devaluación. Los pequeños productores siguen esperando.
“Tenemos la necesidad de desenmascarar la farsa de las economías regionales. Hasta ahora todas las medidas fueron para los empresarios concentrados de algunos sectores como la vitivinicultura, las frutas o la yerba. Los pequeños productores no aparecen en esa ecuación. Al macrismo no le interesa el mercado interno”, aseveró Montón.
Asimismo, aseguró que Buryaile tardó casi un mes en designar al secretario del área. “Si bien dicen que mantendrán el diálogo con todas las organizaciones, lo primero que hicieron fue eliminar la subsecretaría que garantizaba la participación de todas las organizaciones del sector. Empezaron con despidos en Jujuy, sumado a la operación mediática para desprestigiar el área. A Buryaile no lo vas a escuchar hablar de la agricultura familiar. Cuando habla de cuestiones productivas, siempre tiene un discurso enfocado en los agronegocios”, dijo el representante del MNCI y Vía Campesina.
“Ellos tienen el concepto de que las organizaciones sociales despilfarran los recursos. Nosotros le decimos que estamos dispuestos a cualquier auditoría. Si lo hacen van a encontrar que teníamos más controles que otros organismos. La mirada que tienen es bien liberal, ayudar a las familias de manera individual. Por eso les molestan las organizaciones sociales”, sostuvo Montón.
El año pasado el Congreso sancionó una ley de reparación histórica para la agricultura familiar, que entre sus capítulos incluía la suspensión de los desalojos por conflictos de tierra, la creación de un banco de tierras para distribuir entre campesinos y agricultores y financiamiento para los productores.
“Los dueños de la tierra se han vuelto más agresivos frente a los campesinos. Incluso en aquellos casos donde teníamos sentencias a favor están avasallando nuestros derechos, porque nadie se los impide. En Mendoza, en Santiago del Estero, en Misiones, se viene dando una sucesión de hechos complejos. Con la llegada de Macri, los empresarios dijeron ‘ahora nosotros estamos en el poder y la tierra nos pertenece’. A esto hay que sumarle la virulencia de las fuerzas de seguridad”, indicó el representante del MNCI.
La ley de agricultura familiar todavía no fue reglamentada en su totalidad. Sin embargo, varios de sus principios ya funcionaban. En el ministerio existía un área que se encargaba de monitorear los conflictos por desalojo. Ahora nadie se ocupa del tema.
Según Montón, esa virulencia que empieza a rebrotar por parte de los empresarios está en sintonía con el desmantelamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) tal como proponen Macri y Gerónimo Venegas. “Eso nos golpea mucho porque hay muchas familias campesinas que en época de zafra hacen esos trabajos. El desmantelamiento del Renatea es otra señal de cómo se va a vivir en las zonas rurales”, aclaró el representante de MNCI.
