Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 12:00
Sociedad
(02/07/16 - Derechos Humanos)-.Un proyecto de ley busca declarar bien de interés histórico cultural el ex CCDyT conocido como Pozo de Quilmes. Las organizaciones buscan trabajar con autonomía para recuperar ese espacio y pretenden que la Comisión Provincial por la Memoria sea la encargada de gestionarlo.
El expediente 2075 de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es un proyecto de ley que busca declarar “bien de interés histórico cultural” al inmueble ubicado en Garibaldi 650, esquina Allison Bell, de la ciudad de Quilmes. Allí funcionó, entre 1975 y 1979, una de las más de 600 dependencias que se usaron durante la última dictadura cívico militar para el secuestro, tortura y desaparición forzada de personas: el ex centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Quilmes” o “Chupadero Malvinas”. Su cara legal era la Brigada de Investigaciones de Quilmes.
Detrás del papel y de la letra que busca ser ley hay alrededor de 15 organizaciones que vienen trabajando por los derechos humanos de esa localidad hace años y en el proyecto de ley en los últimos meses. Los referentes de estos espacios debatieron y consensuaron “hasta las comas” de esta propuesta presentado por la diputada del FPV-PJ Evangelina Ramírez y buscaron el respaldo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para asesorarse.
Viviana Buscaglia, la secretaria de DDHH de la CTA de Quilmes, milita por los DDHH desde hace mucho tiempo y en distintos espacios. La diputada Ramírez la contactó en marzo porque quería presentar un proyecto para recuperar la DDI de Quilmes como un sitio de memoria. Quería entregárselo a Estela de Carlotto durante la presentación de un libro sobre su hija Laura en la semana de la memoria en marzo. “Quería entregarle a Carlotto un proyecto de ley sobre la desafectación del Pozo de Quilmes. Este es un tema histórico acá, hemos hecho mil señalizaciones pero nunca logramos avanzar en torno a una ley, salvo en 2007 que se presentó algo y no prosperó”, explica Buscaglia.
Frente a la iniciativa, las organizaciones plantearon la necesidad de debatir y consensuar el proyecto con quienes venían trabajando en el tema desde hace años. Una semana después de la presentación del libro iniciaron las reuniones. Después de varios meses de debate donde discutieron desde cómo nombrar el lugar, los objetivos, qué harán en ese espacio, hasta los contenidos más específicos llegaron al documento que aspira a ley. “La parimos”, aseguran.
La fortaleza de lo colectivo
Rubén Schell estuvo secuestrado 102 días en el Pozo y también integra el colectivo que aspira a gestionar el sitio de memoria. Cada uno de los que participan en este espacio sabe que su fortaleza es la pluralidad de perspectivas convertida en fuerza de trabajo. “Yo vengo de Lomas, y en mi experiencia con Barrios por la memoria, verdad y justicia de allá veo que lo colectivo es importantísimo. Saber que hay que respetar todas las ideas porque acá hay trabajadores, docentes, obreros, militantes políticos y jóvenes que quieren aprender. Lo amplio es la característica central de lo colectivo”, asegura.
Otra de las organizaciones involucradas es la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Soledad Astudillo, su secretaria, coincide con Schell: “la historia ha demostrado que la organización es lo que vence. Lo que da fuerza y permite que uno encuentre a otros que por ahí estaban aislados pero peleando por lo mismo”.
Alrededor de 15 organizaciones integran el colectivo que impulsa la ley. FOTO: Andar
Alrededor de 15 organizaciones integran el colectivo que impulsa la ley. FOTO: Andar
Cuando vieron que sus esfuerzos podían concretar la recuperación del sitio buscaron fortalecer sus lazos con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a la que buscan transferir el edificio “para la administración, explotación, uso y goce, por el término de noventa y nueve (99) años”, según proponen en el proyecto de ley. “En la gestión debe prevalecer el principio de la autonomía en las decisiones acerca de qué hacer en el sitio y cómo hacerlo”, fundamentan, y la experiencia de la CPM es el modelo a seguir en este sentido.
“Para nosotros fue muy importante que el conjunto de organizaciones que está trabajando para que el Pozo de Quilmes se constituya en un sitio de memoria haya pensado que la mejor institución de la que podía depender el lugar orgánicamente sea la Comisión Provincial por la Memoria. La decisión tuvo que ver sobre todo con el grado de autonomía y de referencialidad política de la CPM en la temática, por los referentes que integran el organismo y por la trayectoria de trabajo”, señaló Sandra Raggio, directora general del organismo.
Los desafíos hacia adelante
El proyecto, recién ingresado a Diputados, tiene que seguir las vías parlamentarias y convertirse en ley. Una de las cuestiones más problemáticas si se aprueba la ley es el traslado de la DDI que funciona actualmente en el edificio y puede traer resistencias, no sólo del personal policial sino de otros actores en el barrio. “Es un barrio de sectores medios altos y sabemos que no necesariamente a todos les puede conformar convertir este lugar en un sitio de memoria, pero tendremos que trabajarlo”, dice Buscaglia.
Astudillo tiene la misma mirada: “Convertir esto en un sitio de memoria puede estar atado a una ley, pero hay un proceso que se da después que tiene que ver con su inserción en el barrio, en darlo a conocer, en generar espacios de encuentro con actividades vinculadas a la promoción de los derechos humanos, que la gente pueda empezar a sentirlo propio”.
Para eso las organizaciones tienen proyectados diversos objetivos y líneas de trabajo vinculadas al deber de memoria: transmitir, fomentar, capacitar, promover, colaborar, propiciar, son algunos de los verbos que se enumeran como horizonte del sitio. “Si recuperamos el espacio hay que llenarlo de pibes, de gente, de memoria, de vida. Porque acá hubo horror, tortura, muerte, historia de muchos quilmeños y otros compañeros por los que hay que devolver vida”, sintetiza Buscaglia.
(ANDAR)
