Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 6:00
Sociedad
(25/09/16 - Lesa Humanidad)-.Los represores de la dictadura Jorge Humberto Appiani (foto), Cosme Demonte y José Anselmo Appelhans solicitaron ayer nuevamente que se decrete la nulidad de la sentencia dictada en diciembre del año pasado por el juez Leandro Ríos en la megacausa Área Paraná, que los condena por haber perpetrado secuestros, hechos de tortura y homicidios durante la última dictadura cívico-militar.
La audiencia de apelación se realizó ayer por la tarde noche en Paraná con un fuerte operativo de seguridad desplegado ante la Cámara Federal de Apelaciones, ubicada en calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, que incluyó vallas, policías y gendarmes, y fue dispuesto un cuarto intermedio hasta el próximo martes 4 de octubre a las 17 horas.
El capitán (RE) y abogado Jorge Humberto Appani, quien seguiría siendo socio del prófugo mayor del Ejército Jorge Antonio Olivera, recibió la pena de 18 años de prisión por secuestros y torturas en 27 casos, en uno de los cuales la víctima, Claudio Fink, continúa desaparecida. Appiani aseguró en su defensa que durante la dictadura era "un mero asesor del Consejo de Guerra y no tenía poder de revisión sobre órdenes de mis superiores".
En ese sentido, sostuvo que hubo "vicios" en "la estructura de la sentencia" debido a que "no se tuvieron en cuenta manuales militares y de Inteligencia" que fueron presentados, y calificó de "guerra" los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.
A su turno, el abogado José Boxler, defensor oficial de José Anselmo Appelhans, ex director de la cárcel de varones condenado a 14 años de prisión por secuestros y torturas en 58 casos, remarcó, lo mismo que en audiencias anteriores, la nulidad del fallo del juez federal Leandro Ríos por "la violación del principio de congruencia".
Finalmente, Cosme Demonte, único imputado de la megacausa Área Paraná condenado a prisión perpetua, a través de su defensor Broxler dijo que la sentencia "no abordó los planteos de la defensa, quien debió ser intimado" al no contestar la acusación en su contra y "no se tuvieron en cuenta las pruebas" que se propusieron. Asimismo, remarcó que Demonte, condenado a prisión perpetua por participar del secuestro del militante desaparecido Victorio Erbetta y por asesinar a sangre fría y en la vía pública a Pedro Sobko, también desaparecido, recibió una pena que "debió ser reservada a los jefes".
Por su parte, el fiscal general Ricardo Álvarez repasó el archivo de la causa e indicó que "el paso del tiempo hizo que todos hayamos desaparecido un poco, que todos hayamos sido torturados un poco" y pidió el rechazo de todos los planteos de nulidad, al igual que la querella.
"Todos los elementos del proceso judicial están satisfechos en la sentencia", resaltó Álvarez y afirmó que Demonte "fue efectivamente intimado, se defendió pero lo hizo no respondiendo a la acusación, que es una manera extravagante de hacerlo, por cierto", con el objetivo de "dejar correr el tiempo".
El fiscal respondió el argumento de los acusados de incluir reglamentos y códigos de justicia militares como pruebas y señaló que invocarlos "cuarenta años después del golpe cívico militar es una anacronía y una parodia", ya que eran "un pretexto" para cometer los delitos de lesa humanidad.
El abogado querellante Marcelo Boeykens consideró "ofensivo que se hable de una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa en presencia de familiares de Pedro Sobko y Victorio Erbetta, quienes permanecen desaparecidos y no tuvieron ningún tipo de garantías ni fueron sometidos a un proceso de defensa". También pidió que Appiani sea considerado "coautor funcional de genocidio", y comentó que "dice que como auditor no podía llevar adelante los crímenes que cometió , pero tampoco las Fuerzas Armadas podían llevar adelante un plan de exterminio como el que cometieron".
Finalmente, comunicó que familiares y allegados a las víctimas esperan que "se aumenten las condenas para que haya una sentencia más justa, porque el juez Ríos entendió que en vez de coautores eran partícipes, y la pelea es que se entienda que son todos coautores, parte de un aparato de poder de una misma organización delictiva y se los condene con penas muy superiores".
La megacausa Área Paraná I investiga secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de cinco personas, el funcionamiento de centros clandestinos de detención; y delitos de lesa humanidad cometidos a más de 55 personas en Entre Ríos. La causa comenzó a instruirse en 1983, pero fue archivada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hasta 2004, cuando fue desarchivada. En diciembre pasado se dictó la sentencia. que condenó a Cosme Demonte a prisión perpetua, a Jorge Appiani a 18 años de prisión, a José Appelhans a 14 años y a Hugo Moyano a 8, mientras que Alberto Rivas, Rosa Bidinost y Oscar Obaid quedaron libres, ya que se consideraron cumplidas sus penas.
En Entre Ríos, sólo tres de once juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura recibieron sentencia, informó la Subsecretaría de Derechos Humanos de esa provincia del Litoral.
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