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Tercer Congreso Internacional de Estudios Urbanos

(27/01/17 - Universidades, UNQ)-.Se realizará en abril el Tercer Congreso Internacional de Estudios Urbanos. La presentación de resúmenes de ponencias cierra el 1 de febrero de 2017.

Con la finalidad de contribuir a reflexionar de manera rigurosa, fundamentada, interdisciplinaria y enfocada sobre la situación histórica y actual, de las condiciones de vida y habitabilidad de la ciudad y la vivienda, al tiempo que buscara explorar formas de reformular las políticas urbanas se realizará el 4 a 6 de abril de 2017 el 3° Congreso Internacional de Estudios Urbanos "Hábitat y Políticas de Vivienda en Argentina y América Latina" Urbared -Mundo Urbano.

Se convoca a la presentación de ponencias de académicos, investigadores y estudiantes de diversas universidades e instituciones académicas nacionales e internacionales, funcionarios públicos, representantes de la iniciativa privada, organismos gremiales, asociaciones sociales y civiles, que estudien o estén insertos con su actividad en los temas del Congreso.

El evento se concentra en la reunión e intercambio para enriquecer el análisis y conocimiento referido a la investigación y docencia y la formación de los estudiantes, también busca promover el intercambio de experiencias nacionales e internacionales y contribuir en los procesos de habitabilidad de la realidad social urbana y de viviendas.

Las jornadas de trabajo están divididas en seis ejes temáticos, los que están atravesados por los tópicos de sostenibilidad económica, social y ambiental; así como por las cuestiones relacionadas con las problemáticas de género, el multiculturalismo y los movimientos sociales.

Los trabajos deberán enviarse a congresoestudiosurbanos@gmail.com

• Plazo para la presentación de resúmenes de ponencias: 1 de febrero de 2017
• Respuesta de los resultados: 15 de febrero de 2017
• Plazo de envío de ponencias:  15 de marzo de 2017
• Realización del Seminario: del 4 a 6 de abril de 2017

Eje temático n°1: POLÍTICAS HABITACIONALES Y URBANAS. RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y GOBIERNO LOCAL. Coordinadores/as: Alicia Ziccardi (PUEC-UNAM), Carlos Fidel (CDT-UNQ), Daniel Cravacuore (CDT-UNQ), Soledad Arqueros (IGG-UBA) Y Romina Olejarczyk (IGG-UBA)

Eje temático n° 2: TERRITORIO, HABITAT y ECONOMÍA SOCIAL. Coordinadores/as:   Rodolfo Pastore (CDT-UNQ), y Graciela Susana Landriscini UNCo, Florencia  Rodriguez  (IGG-UBA) y Cecilia Zapata (IGG-UBA).

Eje temático n°3: HABITAT, POBREZA, DESIGUALDAD Y SEGREGACIÓN. Coordinadores/as: Daniela Soldano (ICO-UNGS), Beatriz Welhe (CDT-UNQ), Andes Scharager (IGG-UBA) y Mariano D. Perelman (IGG-UBA).

Eje temático n°4: CENTROS URBANOS: PATRIMONIO Y TURISMO. Coordinadores/as: Noemí Wallingre (CDT-UNQ), Alicia Novick (ICO-UNGS) y Marina Wertheimer (IGG-UBA).

Eje temático n°5: AMBIENTE Y CONFLICTOS AMBIENTALES URBANOS. Coordinadores/as: Cristina Carballo (CDT-UNQ),  Guido Galafassi (CDT-UNQ), Mariana  Schmidt (IGG-UBA) y  Soledad Fernández Bouzo (IGG-UBA).

Eje temático n°6: CIUDADES LATINOAMERICANAS: GENERO, CONFLICTOS Y SEGURIDAD CIUDADANA. Coordinadores/as: Cristina Cravino (ICO-UNGS), Andrés Barsky (ICO-UNGS), Cristina Farías (CDT-UNQ), Julia Ramos (IGG-UBA).y Esteban Khalil (IGG-UBA).

Según informe, 117 líderes sociales fueron asesinados durante 2016

(27/01/17 - Colombia)-.Más de un centenar de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia fueron asesinados durante el pasado año, revela un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El texto precisa que en 2016 se presentaron 117 homicidios contra activistas y luchadores por los derechos humanos, más de 350 amenazas, 46 atentados y 5 casos de desaparición forzada.

En el informe se destaca que más de la mitad de los hechos sucedieron en el sur occidente colombiano en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, donde fueron asesinados 57 líderes sociales, de los cuales 43 fueron en el Cauca, 9 en Nariño y 5 en el Valle.

Más allá de las cifras, el documento llama la atención sobre la importancia de analizar cada uno de los casos como un conjunto, no como hechos desligados uno del otro, puesto que “las situaciones de amenazas, los asesinatos, atentados, las diferentes modalidades de ataque a las comunidades, todo forma parte de una misma situación”, puntualiza Leonardo González, coordinador de la unidad investigativa de Indepaz.

González revela que una de las preocupaciones es que los homicidios cometidos contra líderes, han sido en el marco la primera fase del proceso de implementación de los acuerdos de paz.

El informe también advierte sobre “patrones comunes de amenaza” en 15 departamentos de Colombia: todas han sido a través de panfletos, “donde indican nombres de personas pertenecientes a organizaciones, líderes que son acusados de guerrilleros encubiertos, señalados y condenados a muerte o conminados a desalojar las regiones”.

Gonzáles señala que “hay una realidad dramática que tiene que ser atendida” y por ello se hace necesaria una voluntad de cambio representativa por parte de la sociedad colombiana.

Indepaz exhorta a se apliquen las medidas efectivas para “la protección del derecho a la vida”, pues actualmente más de 30 organizaciones son perseguidas de manera sistemática.

“Es un llamado para que el Estado reconozca el fenómeno paramilitar existente y que les garantice la vida a los líderes y defensores de derechos humanos”, refiere el Instituto.

El dato: En los últimos tres años han aumentado los crímenes de líderes sociales en Colombia. En 2014 se presentaron 78 asesinatos, mientras que en 2015 la cifra llegó a los 105 activistas sociales ultimados.

Barrow regresó de su exilio en Senegal para gobernar su país

(27/01/17 - Gambia)-.El presidente electo de Gambia, Adama Barrow, quien se había refugiado en Senegal donde ganó los comicios y juró cargo, volvió a Gambia para tomar el mando del gobierno, cedido por el ex presidente Yahya Jammeh.

Este jueves, cientos de personas esperaron en las calles la llegada del nuevo presidente, ante un gran dispositivo de seguridad desplegado en la capital gambiana, en un día considerado por muchos ciudadanos como "histórico" y en el centenares de personas vestían camisetas con el lema "Gambia has decided" (Gambia ha decidido).

De esta forma, Gambia puso fin a la crisis política desatada tras la negativa del ex mandatario Yahya Jammeh a ceder el poder al presidente electo.

El nuevo presidente gambiano nombró el lunes pasado como vicepresidenta a Fatoumata Diallo Tambajan, una personalidad destacada de la oposición a Jammeh, y se espera que forme gobierno en los próximos días.

Las fuerzas de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) siguen desplegadas en Gambia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del propio presidente.

Barrow manifestó su deseo de que estas fuerzas regionales permanezcan seis meses más en Gambia para seguir con su misión de seguridad, sin embargo, la Cedeao optará por una duración más corta, según anunció el presidente de la organización, Marcel Alain de Souza.

En este contexto, el ex ministro del Interior Ousman Sonko fue arrestado este jueves en Suiza por orden del Ministerio Público del cantón de Berna a raíz de una denuncia penal que recibió de una organización que lo acusa de haber sido una pieza clave en el gobierno de Jammeh.

La Fiscalía abrió una investigación por presuntos crímenes contra la humanidad, indicó la agencia de noticias ATS.

El vocero del Ministerio Público suizo, Christof Scheurer, señaló que el político gambiano se encuentra en dependencias de la Policía y que será interrogado en los próximos días.

La justicia respaldó a los vecinos de Temperley ante el FFCC

(27/01/17 - Lomas de Zamora)-.En septiembre de 2016 la empresa de ferrocarriles Argentinos implementó el uso de molinetes en el servicio de la Línea Roca. En la estación Temperley al sur del conurbano bonaerense, la empresa decidió restringir la libre circulación por el puente peatonal que es la única vía de comunicación. Asimismo cerró con rejas la salida de la estación hacia la calle Cangallo. Luego de varios meses de lucha y organización vecinos y vecinas lograron, la apertura del puente y que quitaran la reja, entre otras medidas. 

Luego de varios meses de organización, asambleas y lucha vecinos de la localidad de Temperley lograron dar marcha atrás, a las decisiones que había tomado la empresa Trenes Argentinos, una vez colocados los molinetes. La ubicación del nuevo sistema de pase, generó incomodidad en los usuarios, ya que por su localización la empresa en una primera instancia, cerro el puente peatonal y para poder transitarlo había que pagar el boleto. Esta medida obligaba a los transeúntes a utilizar el puente peatonal de la calle 14 de Julio, el cual no cumple con las mínimas condiciones de seguridad. Asimismo colocó una reja en la salida que da a la calle Cangallo, bloqueando una vía de emergencia.

En principio y por presión de los vecinos, lograron la libre circulación por el puente peatonal, la empresa da marcha atrás con esa medida. Pero los vecinos decidieron ir mas alla, quitar la reja de la salida hacia la calle Cangallo y exigir, la implementación de rampas y seguridad en el puente de 14 de Julio.

El 20 de enero de 2017, el Juez Federal Santamarina realizó una inspección ocular sobre ambos puentes peatonales. Los vecinos de la Asamblea por el Puente de Temperley acompañaron la recorrida del magistrado que es subrogante del juez que debe decidir sobre un recurso de amparo presentado por los vecinos a raíz de medidas que tomó la empresa prestataria del servicio de ferrocarril.

Ayer y por disposición del mismo juez obligó a la empresa a retirar la reja de la calle Cangallo a la vez que exigió al Ministerio de Transporte de la Nación a presentar en 5 días los planos para la construcción de rampas para discapacitados. También dispuso que haya presencia policial durante las 24 horas en el puente peatonal de la calle 14 de julio.

(ANRed)

Ya no son Miles, pero son Patria para Todos

(27/01/17 - Política)-.El ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el ex vicepresidente Amado Boudou y el dirigente de Quebracho Fernando Esteche lanzaron una nueva corriente kirchnerista sin Luis D´Elía. Molestos con el dirigente piquetero, los tres dirigentes se fueron de MILES y eligieron la sigla PPT (Corriente Patria para Todos).

El primer comunicado del espacio impulsa un paro general “contra la reforma laboral macrista”, y determina que el Gobierno apuesta a “debilitar a la clase trabajadora y a sus organizaciones gremiales, basándose en los requerimientos de las multinacionales”. Añade: “han quedado más de un millón de compañeros sin trabajo, sumándose a las filas de los desplazados por el sistema”. El nuevo espacio se define como “una nueva corriente, democrática, nacional, popular y revolucionaria”.

Su plataforma política postula:
El problema central es que los trabajadores formales e informales van a apagar el costo de una economía que no reactiva.

-La salida del cepo fue un fracaso.

-El blanqueo de capitales se transformo en una bicicleta financiera.

-La apertura de importaciones es una medida brutal en contra de nuestra industria nacional.

-El compromiso de los empresarios no existe.

Nuestra reacción ha sido denunciar constantemente estos atropellos. Pero en el camino han quedado mas de un millón de compañeros sin trabajo, sumándose a las filas de los desplazados por el sistema del mercado laboral.

Pacíficamente fuimos parte de una masiva concentración de compañeros que vinieron de todo el país, pero fuimos negados y ninguneados por este gobierno. A pesar de eso, aquella Marcha Federal fue el punto de partida para ir gestando puntos de unidad con dirigentes de la CGT que hoy van demostrando su descontento, proclamándose en contra de esta flexibilización.

La pasividad de una gran parte de la dirigencia sindical nucleada en la CGT ante la situación económico y social de nuestra Patria y la embestida de sus bases que se muestran conscientes de una situación inocultable dejan en claro que hoy más que nunca debemos plantearnos la unidad para frenar los ataques del gobierno y el empresariado que van por lo conquistado por este pueblo y quieren eliminar la conflictividad laboral.

Pero con estas medidas solamente están tratando de apagar el fuego con nafta.

El comunicado lleva las firmas de: Gabriel Mariotto, Amado Boudou, Fernando Vaca Narvaja, Adolfo Barja, Marcelo “Nono” Frondizi, Débora Spindola, Néstor Segovia, Luis Graña, Jorge Parry, Fernando Esteche, Lía Méndez, Marcelo Parrilli, Osvaldo Papaleo, Cintia Mansilla, Martín García, Daniel Rodríguez, Florencia Prego y Julio Cesar Urien.

Exterminio indígena siglo XXI

(27/01/17 - Pueblos Originarios)-.Unos tres mil kilómetros separan la provincia argentina de Chubut del Estado brasileño Mato Grosso do Sul. En uno y otro lugar, se viven procesos de persecución y aniquilamiento de Pueblos Originarios, en represalia a las acciones de recuperación territorial. 

En nombre y defensa de intereses terratenientes, el Pueblo Mapuche en Argentina y los Pueblos Guaraní y Kaiowá en Brasil, son víctimas directas de un ensañamiento sangriento cuyo objetivo es despojarlos de sus territorios ancestrales. 

Todo ocurre con la complicidad de los Estados nacionales, que no garantizan el debido cumplimiento de las leyes y los derechos indígenas. El empresario italiano Luciano Bennetton, y un conjunto de terratenientes ávidos de expandir a cualquier costo la frontera de los agronegocios, en uno y otro caso, son los beneficiarios directos de estas políticas de exterminio. 

Cacería de Mapuches
Recientemente, tres feroces ataques militarizados - en territorio del Pu-Lof-contra la Comunidad mapuche de Cushamen- , dejaron como saldo un tendal de indígenas heridos, y detenidos que fueron posteriormente torturados. La gravedad de los hechos quedó debidamente registrada por medios alternativos que nuevamente sirvieron de contrapeso ejemplar ante el silencio cómplice o los relatos desvirtuados de los medios hegemónicos.

María Isabel Huala, de la comunidad Pu-Lof, relató a La Garganta Poderosa: “¿Qué pasó? Más de 20 efectivos de la Infantería provincial irrumpieron en nuestra comunidad, el miércoles a la noche, alegando abiertamente, así, como les digo, textual, literal, explícito, que vinieron “a cazar”. Con esa orden llegaron. Y con mi familia se fueron, dejando un tendal de heridos con perdigones de goma y de plomo, con el efectivo silenciador de los negociados que sostienen con la familia Benetton, con Joe Lewis, con las petroleras y con las mineras, que solamente vienen a destruir nuestro territorio. Pues lo intentaron, lo intentan y lo volverán a intentar, durante años, durante décadas, durante siglos, cambiando la estrategia de la hipocresía”.

Huala señaló además que “una vez más, nos vinieron a cazar. Y sí, parece increíble, increíble hasta que mirás la foto de mi sobrino Emilio Jones Huala, con el maxilar destruido por un balazo. Trasladado a Bariloche, donde los médicos analizan si operarlo para reconstruirle la mandíbula o ponerle una placa de platino, comparte ahora hospital con mi hijo Fausto, que ingresó a terapia intensiva con una oreja comprometida por un derrame interno y un traumatismo de cráneo, como consecuencia de todos los disparos que recibió el último miércoles pasado. Ahí está hoy, peleándola y esperando que lo puedan intervenir, cuando el coágulo se disuelva, aunque posiblemente no pueda recuperar la audición del oído izquierdo. No soportó tanto diálogo”.

El conflicto de Benetton con el Pueblo Mapuche es de larga data. Reseña el sitio digital La Izquierda Diario: “En el año 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque decidió recuperar su territorio ancestral y durante años debió enfrentar continuos y violentos intentos de desalojo, hasta que en 2014 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció su derecho sobre el territorio en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento territorial”.

El 13 de marzo de 2015, un conjunto de familias de la zona protagonizó otra recuperación en tierras usurpadas por Benetton, sosteniendo que las mismas son territorio ancestral del Pueblo Mapuche. “Nosotros, Mapuches, seguimos siendo una inmensa mayoría sin tierra, con la única alternativa de ser peones, empleadas domésticas y obreros, es decir, mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional”. Y sostenían que “la única manera de frenar el ‘asesinato planificado’ desde el poder económico y del Estado (ecocidio y etnocidio), es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas” explicó entonces un comunicado firmado por los Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP)

En mayo de 2016, el lonko Facundo Jones Huala, fue encarcelado tras ser capturado en tierras recuperadas por el Lof en resistencia de Vuelta del Rio, localidad de Cushamen, propiedad del magnate Benetton. El lonko recuperó su libertad a principios de septiembre de ese año, luego de que el juzgado federal de la ciudad de Esquel -a cargo del juez Guido Otranto -dictara la sentencia del proceso de extradición de Facundo Jones Huala, en la que consta la nulidad de la causa debido a las irregularidades que se dieron en todo el proceso de investigación.

Osvaldo Bayer escribió por estos días una columna- también en La Garganta Poderosa- en la que enuncia que “A contramano de toda lógica humana, el capitalismo sigue arrasando a las comunidades originarias, mediante un Estado manejado por gobiernos que responden incondicionalmente a sus intereses, que nunca son los intereses del pueblo. Y así, van pasando diversos funcionarios, uno tras otro, asumiendo el poder con retórica democrática, cuando en realidad sólo vienen a engordar el capital de los más ricos. Pues en este caso, la bolilla le cayó en todos los colores de Benetton, que llegó al país para desequilibrar todavía más la balanza de la igualdad, penetrando en la economía y la política nacional, a tal punto que las Fuerzas reprimen al servicio de su vergonzosa empresa. Nuestros hermanos mapuches han sufrido tres violentas represiones en menos de dos días y nosotros tenemos la obligación de gritar frente a estos atropellos inadmisibles e inexplicables”.

Genocidio en Mato Grosso do Sul
A 500 kilómetros de la frontera con Argentina, en el Estado Brasileño de Mato Grosso do Sul, los Pueblos Guaraní y Kaiowá – cerca de 40 comunidades en la zona- denuncian estar siendo víctimas de un genocidio. Es que entre 2000 y 2016 ocurrieron 425 homicidios contra líderes y pobladores indígenas Guaraní y Kaiowá en Mato Grosso Do Sul. Estos crímenes son ejecutados por fuerzas paramilitares y "fanzendeiros" (terratenientes) que intentan quedarse con los territorios de los indígenas.

En portugués, Mato Grosso do Sul significa «Selva Grande del Sur». Se trata de uno de los 26 estados que forman – junto al distrito federal - la República Federativa del Brasil. Está localizado al sur de la región Centro-Oeste, limita con Paraguay y Bolivia, y ocupa una superficie de 357.124 kilómetros cuadrados. Su población ronda los dos millones y medio de habitantes. Aquí, el Pueblo Guaraní Kaoiwá alcanza una población de 45 mil personas, que habitan en comunidades que, juntas, totalizan unas 42 mil hectáreas.

En Brasil, durante la década de 1910, el Estado brasileño a través del Servicio de Protección al Indígena (SPI) —hoy Fundación Nacional del Indígena (FUNAI)— creó las primeras “reservas para indígenas”. 

Valdelice Verón (lideresa Indígena), de una Comunidad Guaraní-Kaiowá, cuenta: “Nos despojaron de nuestra tierra para llevarnos a esas reservas. Por eso ahora estamos recuperando nuestros territorios. Pero ellos (los fanzendeiros) quieren seguir con sus grandes plantaciones de soja, de caña de azúcar, de ganadería, en nuestros territorios, por eso nos matan y persiguen. Lo hacen contratando a pistoleros o ellos mismos disparan. Ya son cientos de indígenas asesinados en los últimos años y el Estado brasileño es cómplice por no hacer nada para frenar esta masacre. Los tiros de bala y quema de nuestras casas, escuelas y puestos de salud son constantes. Tratamos de defendernos como podemos pero ellos tienen las armas y la mano de obra de matones contratados”

En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la situación en el Estado de Mato Grosso do Sul: “tiene el número más alto de asesinatos de líderes indígenas del país y que a pesar de los llamados de atención y las recomendaciones emitidas por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, el Estado brasileño sigue sin adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir y sancionar la violencia en contra de las comunidades indígenas Guarani-Kaiowá. La mayor parte de la selva originaria de Mato Grosso do Sul fue aniquilada para la instauración de agro negocios que se expandieron notoriamente en las últimas dos décadas”.

Ya en 2011, los Guaraní-Kaoiwá enviaron una carta abierta a la entonces presidente Dilma Rousseff:
"Qué bueno que usted haya asumido la presidencia del Brasil. Es la primera madre que asume esa responsabilidad. Pero, queremos recordar que para nosotros la primera madre es la madre tierra, de la cual somos parte y que nos sustenta desde hace millares de años. Presidenta Dilma: nos robaron a nuestra madre. La maltrataron, hicieron sangrar sus venas, dañaron su piel, quebraron sus huesos. Ríos, peces, árboles, animales y aves… todo fue sacrificado en nombre de lo que llaman progreso. Para nosotros es destrucción, es matanza, es crueldad. Sin nuestra madre tierra sagrada, nosotros también estamos muriendo poco a poco. Por eso estamos haciendo este llamado al comienzo de su gobierno. Devuelvan nuestras condiciones de vida que son nuestros "Tekoha”, nuestras tierras tradicionales. No estamos pidiendo nada de más, solamente nuestros derechos que están en las leyes de Brasil y a nivel internacional…”.
Nunca obtuvieron respuesta

Hoy con Temer en la Presidencia, la violencia recrudece. El Consejo Indigenista Misionario (CIMI), advirtió recientemente que “Sin su territorio ancestral, hay hambre en las comunidades Guaraní Kaiowá. En campamentos improvisados, al costado de las rutas, entre las plantaciones de caña y soja, desde noviembre los indígenas no reciben las partidas alimenticias por parte del gobierno”.

“Hoy los niños están con hambre, lloran, casi comiendo tierra. Precisamos salir a luchar, a reclamar, necesitamos apoyo” explicó Gilmar, morador de Fazenda Madama.

Hasta diciembre de 2014, cerca de 14 mil partidas alimenticias eran llevadas a las comunidades de Mato Grosso do Sul, a través de un convenio con el gobierno federal. En 2015 la cantidad de partidas disminuyó a dos mil. “Con la no renovación del acuerdo, ya no llegan partidas. Hoy las familias están desatendidas y acorraladas por los agronegocios” señala Silvio Raimundo da Silva, agente indigenista da Funai de Dourados.

*Por Sergio Alvez
Director de Revista Superficie y colaborador de Agencia Pelota de Trapo

ONU: el 85% de las mujeres víctimas de violencia en Paraguay no presenta denuncia

(27/01/17 - Paraguay)-.Sólo un 15 % de las mujeres víctimas de violencia en Paraguay acudieron a una comisaría a denunciar estos hechos y apenas un 12 % recurrieron al Juzgado de Paz, por lo que el 85 % de ellas no denunció, según los datos de un informe sobre violencia machista presentado ayer por ONU Mujeres.

El documento, que describe los avances y desafíos de Paraguay en la asistencia a mujeres víctimas de violencia, se presentó en la sede de la ONU en Asunción con la presencia de la ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, y de la representante de ONU Mujeres en el país, Carolina Taborga.

Las cifras dan cuenta de que el porcentaje de denuncias por violencia machista es “muy bajo”, y generalmente se presenta la denuncia “después de reiterados actos violentos, cuando las mujeres empiezan a temer por su integridad física o la de sus hijos”, explicó a Efe Marcela Zub Centeno, autora del estudio.

Además, explicó que el momento de presentar la denuncia “es el de más alto riesgo para las mujeres”, por lo que muchas de ellas deciden después retirarla o abandonar el caso.

“Muchas veces, la denuncia se ve como un medio para cesar un acto violento, y no busca encarcelar a la pareja o expareja que está agrediendo. No todas las mujeres buscan justicia, algunas buscan contención psicológica y orientación legal”, declaró la experta.

Para ello, muchas mujeres acuden a los Servicios de Atención a la Mujer (Sedamur) del Ministerio de la Mujer, que en 2015 atendió a un total de 1.779 mujeres.

En Sedamur, más de 700 mujeres fueron atendidas ese año por haber sufrido violencia psicológica, mientras que 362 alegaron padecer violencia física, 269 se refirieron a violencia económica y 77 a violencia sexual, además de 159 mujeres que declararon padecer otros tipos de violencia.

El 35 % de las usuarias de Sedamur en ese año tenía entre 30 y 39 años, y el 25 % estaba en la franja de edad de 20 a 29 años.

Además de los datos de Sedamur, el informe ofrece cifras recopiladas en los Centros Regionales de la Mujer, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial entre otras fuentes, dado que no existe en Paraguay un registro unificado de servicios brindados a mujeres víctimas de violencia de género por las diferentes instituciones.

Zub advirtió, sin embargo, que estos datos coinciden en que son las parejas o exparejas de las mujeres los autores de la violencia en un 79 % de los casos.

Agregó que las estrategias de prevención, atención y protección a mujeres víctimas de violencia debe ser “integrales” y coordinadas entre las distintas instituciones.

En ese sentido, reconoció como un avance la promulgación en diciembre de la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, que se encuentra en proceso de reglamentación.

Además, señaló como desafíos pendientes la reforma en el Código Penal de otras formas de violencia contra las mujeres, como la coacción sexual, el acoso laboral o la violencia política, y celebró que la ley tipifique el delito de feminicidio, que constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres.

En 2016, Paraguay registró un total de 39 casos de feminicidio, uno cada 9 días y medio, mientras que en lo que va de 2017 ya son al menos 6 los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, en un promedio de uno cada cuatro días, según cifras oficiales.