Publicado por: Redacción
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Latinoamerica
(25/04/17 - México)-.En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían en autobuses a la capital mexicana a conmemorar la masacre de Tlatelolco en 1968.
El saldo de la represión fue de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. Sin avances en la investigación, sus familiares siguen reclamando justicia y denunciando la responsabilidad del Estado.
El Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo manifiesta su preocupación por la “parálisis” en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 15 de diciembre de 2015.
Hasta ahora “no hay persona alguna procesada en esta causa bajo el tipo delictivo de desaparición forzada”, además de que “altas autoridades” hacen declaraciones para validar la verdad histórica cuando ni siquiera esa hipótesis está siendo indagada, sostuvieron la nueva relatora especial de México, Esmeralda Arosamena Troitiño y el secretario Ejecutivo del organismo, Paulo Abrao.
A unas horas de concluir su segunda visita oficial de seguimiento, los funcionarios informaron que durante el encuentro que tuvieron con el procurador Raúl Cervantes, hicieron manifiesta su preocupación por “la emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”.
El extrañamiento de los representantes de la CIDH surgió después de que en la audiencia de marzo pasado en Washington, Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, retomó como cierta la “verdad histórica”. Además, en esta semana el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, puntualizó que era la única hipótesis válida.
La panameña Arosamena explicó que en reuniones con representantes del Estado se les indicó que la “única autorizada para decidir lo que sea necesario en cuanto a las líneas de investigación es la PGR. Y en esa línea de acción evaluamos las informaciones de los puntos prioritarios e identificamos que no se ha hecho en esta fase absolutamente ninguna diligencia que esté vinculada con la tesis de Cocula. No tenemos ninguna información de investigación que se haya seguido en esa línea”.
En tanto, Paulo Abrao señaló que ante la insistencia por mantener viva la “verdad histórica” debe preguntarse “¿por qué la teoría del basurero tiene que ser investigada o considerada?”, cuando está demostrado, dijo, “que no hay elementos científicos y materiales que puedan comprobar la veracidad de la tesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero”.
El funcionario brasileño puntualizó que tanto en reuniones con el procurador como con funcionarios de la PGR se les confirmó que la versión planteada por el exprocurador, Jesús Murillo Karam, “no es la línea oficial y que no hay ninguna línea de investigación o diligencia realizada sobre esa tesis en los últimos tiempos”.
Falta celeridad
Los representantes de la CIDH expresaron su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mismas que el Mecanismo de Seguimiento está mandatado para vigilar su cumplimiento.
En ese sentido, la comisionada Arosamena puntualizó que durante las reuniones se exigió a los representantes del Estado cumplir con un plan de trabajo para el seguimiento de al menos seis líneas de investigación. La PGR respondió con la entrega de un cronograma para la realización de diligencias y acciones que serán revisadas por el equipo técnico del Mecanismo.
Dijo: “Es un documento que tenemos que evaluar para identificar los aspectos que nos han señalado como sus acciones inmediatas, al corto plazo de los seis meses (de vigencia del Mecanismo) en el proceso que empieza desde ya, los aspectos fueron identificados con los representantes de las víctimas y los familiares, y a los representantes del Estado se lo hemos planteado como nuestros temas prioritarios”.
Entre los temas que deberán ser esclarecidos a la brevedad están la consignación de policías municipales de Huitzuco y de la Policía Federal, identificados éstos últimos plenamente por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos”, en particular por parte del Ejército Mexicano en el manejo del C4 y “por qué no hubo intervención del Ejército para proteger a los normalistas”.
También están los temas de: “indagar sobre las responsabilidades de los ‘distintos niveles de gobierno’, toda vez que uno de los celulares de los estudiantes estaba en poder de un policía estatal y que hubo declaraciones de uno de los detenidos de que hubo entrega de dinero por parte de Guerreros Unidos a autoridades del estado de Guerrero”, detalló Abrao.
Traslado de droga, pista a seguir
Los representantes de la CIDH insistieron en la presentación de avances en la investigación de telefonía celular; en la identificación de “el Caminante” y “el Patrón”, mencionados por varias personas involucradas, y en “profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de hechos con el traslado de estupefacientes hacia los Estados Unidos”.
Para éste último, exhortaron al Estado mexicano a “priorizar las solicitudes de asistencia jurídica al gobierno estadunidense así como a priorizar pruebas y diligencias en relación al quinto autobús”.
Paulo Abrao añadió que durante las reuniones con el procurador también le mostraron su extrañamiento de que no haya información sobre “investigaciones abiertas respecto de eventuales irregularidades perpetradas por funcionarios en la indagatoria”, específicamente relacionadas con Tomás Zerón y el río San Juan, señaladas por el GIEI.
El secretario ejecutivo de la CIDH dijo que el cambio de conclusiones respecto al caso Zerón por parte de la Visitaduría General de la PGR, es considerado “muy grave” y “no es admitible”. De ahí que desde el organismo “ya ha llamado al Estado para investigar las posibles presiones y amenazas que el exvisitador general (César Chávez) hizo públicas después de su renuncia y nosotros esperamos que se realicen las debidas investigaciones y se alcance la verdad respecto a esta materia”.
Otros puntos abordados durante la visita del Mecanismo se refieren a las búsquedas y el exhorto de cubrir en su totalidad el polígono de actuación propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) e ir más allá de la contratación del sistema LIDAR. Se abundó sobre el estado de salud de los estudiantes Edgar Vargas y Aldo Gutiérrez y se urgió a reanudar el diálogo con las familias cumpliendo con el avance en las investigaciones.
Así mismo recomendaron crear “una base de datos de fosas que puedan ser replicadas en todas las entidades federativas”, además de “dar pasos decisivos para contar con una legislación en materia de desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales de derecho humanos y cuente con el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que les acompañan”.
Durante la segunda visita oficial del Mecanismo, los funcionarios de la CIDH se reunieron con los familiares de las víctimas, el procurador Raúl Cervantes y funcionarios de la PGR; el canciller Luis Videgaray y funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación; el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y con representantes en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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