Publicado por: Redacción
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Conurbano
(02/06/17 - Intendentes)-.La Comisión de Economía del PJ expuso su primer documento de trabajo ante intendentes y dirigentes de toda la provincia. Tras trazar un diagnóstico crítico del actual modelo, aseguraron que la economía debe ser dirigida en clave nacional, con crecimiento e inclusión social.
La Comisión de Economía del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia de Buenos Aires presentó ayer su primer documento de trabajo titulado Situación actual, perspectivas y acciones posibles. El mismo fue puesto a consideración ante la Comisión de Acción Política de dicha fuerza, con el objetivo de comenzar a dar forma a las propuestas económicas que integrarán la plataforma electoral de cara a los comicios legislativos de este año.
En la exposición realizada ante intendentes y dirigentes peronistas de toda la provincia, los economistas plantearon que desde su asunción la alianza electoral Cambiemos “ha avanzado aceleradamente en un proceso de apertura comercial, desregulación y liberalización de mercados, cambiando el modo de acumulación de la economía argentina”.
En esa línea, destacaron que “los actores elegidos para ser beneficiarios de esta política económica son principalmente los vinculados a la explotación de nuestros recursos naturales y el sector financiero, con especial atención de las demandas del capital financiero internacional”.
Para los especialistas, la política actual puede ser definida como “de apertura externa, desregulación interna, acumulación de ganancias extraordinarias en algunos sectores concentrados y una transferencia creciente de riqueza hacia los centros financieros”, todo lo cual, aseguraron, va a contramano de un escenario internacional absolutamente adverso a este vertiginoso esquema de reformas de mercado, en un mundo que se va tornando cada vez más proteccionista.
En base a lo anterior, el documento asegura que el escenario que atraviesa el país es de “una fuerte vulnerabilidad externa”, la cual tiende a agudizarse “tanto por el creciente ingreso de importaciones (fundamentalmente, bienes de consumo) como por el aumento de los servicios de deuda”. Estas políticas, destaca el trabajo, junto con el estímulo al ingreso de capitales especulativos, cuyos movimientos han sido completamente desregulados, “están absolutamente desaconsejadas en una economía mundial volátil y proteccionista como la descripta”.
Entre las consecuencias que este diseño macroeconómico genera en los diversos sectores de la actividad, los expositores destacaron que el mismo provoca “desincentivos para la inversión productiva”, ya que “las altas tasas de interés que establece el Banco Central devienen en el desplazamiento de inversiones productivas hacia las financieras”. En igual sentido, resaltaron que estamos asistiendo a “una caída generalizada de los ingresos de las mayorías, como el salario formal, las jubilaciones, y las retribuciones provenientes de actividades informales”, lo cual “ha arrastrado a muchos de los trabajadores activos y pasivos hacia una economía de subsistencia”, ya que la reducción del salario real es “uno de los pilares” del actual diseño.
En cuanto a la política tributaria, subrayaron que la misma “consistió en reducir los impuestos a los agentes económicos más concentrados, como un factor de mejora de sus ganancias”; mientras que sobre el creciente endeudamiento opinan que “endeudar al Estado no sólo implica imponer nuevamente condicionantes a los presupuestos públicos futuros -y con ello al Estado de bienestar-, sino que muchos de los dólares que ingresan por la emisión de deuda se destinan a la apropiación y fuga por parte de los grupos empresarios beneficiados por esta política”.
Para los técnicos del peronismo bonaerense, además, “el sector financiero ha vuelto a ser en Argentina el que define la asignación de excedentes”, debido a que “la alta rentabilidad en dólares sostenida por títulos del Banco Central (LEBAC) resulta imbatible cuando se la compara con el retorno de cualquier inversión productiva”.
En esa dirección, sostuvieron que de acuerdo a la concepción del Gobierno nacional, “debe ser el mercado el que define el rumbo de la economía y por consiguiente le compete a éste el modo en que se asignan los recursos disponibles, con criterios exclusivos de rentabilidad privada”. De esta manera, lamentaron, “el Estado ha abandonado su rol de redistribuidor social y territorial de los recursos”, por lo que “se han agudizado los desequilibrios que provoca el libre mercado sin regulaciones”.
A partir del diagnóstico anterior, el documento propone una serie medidas a tomar para revertir los efectos del actual modelo económico, entre las que se destacan: una política de recomposición de los ingresos populares que provoque un shock de demanda interna, rompiendo la inercia recesiva actual; garantizar que la mejora de ingresos populares se canalice a la demanda de producción nacional; asegurar el incremento real del poder adquisitivo de los ingresos populares regulando la formación de precios de los bienes de consumo esencial; y superar el desequilibrio fiscal recomponiendo el poder tributario progresivo del fisco.
En cuanto a las iniciativas parlamentarias, resaltan: la limitación y regulación del endeudamiento del sector público nacional; una reforma tributaria progresiva que incluya el restablecimiento de los gravámenes a la renta exportadora primaria, patrimonios personales elevados, altos ingresos y consumo suntuario; constituir un banco de desarrollo que concentre y administre los recursos disponibles de largo plazo y bajo costo no provenientes del mercado tradicional; conformar un banco hipotecario plenamente estatal que centralice los recursos financieros destinados a la compra y ampliación de viviendas de los asalariados e individuos de ingresos medios; y fijar un piso al salario, planteando la obligatoriedad de reunión semestral del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
En lo atinente a Buenos Aires, se propone el restablecimiento de un fondo que dé cuenta de la asimetría de recursos fiscales nacionales que padece la Provincia; una ley que establezca la obligatoriedad de la participación de los municipios en la discusión de las leyes que afecten tributos que distribuyan fondos nacionales a la provincia; una ley de ordenamiento territorial y uso del suelo; y una ley de puertos, entre otras.
A modo de cierre, los expositores enfatizaron la necesidad de recrear “un régimen de acumulación productiva con inclusión social, orientado a la generación de empleo y a lograr una mayor equidad en la distribución del ingreso”, siempre teniendo presente que “es la política la que pone a la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía”.
Por eso, evaluaron, “debe ser el peronismo, como eje de una gran coalición nacional, popular y democrática, quien proponga al pueblo argentino un cambio que signifique la construcción de un rumbo progresivo y expansivo, y que garantice que la economía sea dirigida en clave nacional, con crecimiento e inclusión social”.
La Comisión de Economía se conformó el año pasado por pedido del presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, y desde entonces viene trabajando en el armado de diagnósticos y el diseño de propuestas.
La misma está integrada por el secretario de Hacienda del municipio de La Matanza y ex viceministro de Economía de la Nación , Roberto Feletti; el diputado nacional y ex ministro de Economía Axel Kicillof; la secretaria de Producción de La Matanza y ex ministra de Industria Débora Giorgi; la ex ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis; el ex director del Banco Central Arnaldo Bocco; el secretario de Hacienda del Municipio de Moreno, Cristian Girdad; el subsecretario de Promoción de Inversiones Productivas del Municipio de Florencio Varela, Martín Pollera; el subsecretario de Desarrollo Productivo de La Matanza , Javier Rando; y los economistas Agustín D’attellis, Mercedes la Gioiosa y Federico Bernal.
