Publicado por: Redacción
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Sociedad
(20/08/17 - Lesa Humanidad)-.El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata postergó para el 4 de diciembre un juicio que debía comenzar el 28 de agosto próximo, por la apropiación de tres chicos cuya madre fue asesinada por represores durante la última dictadura.
Por el ocultamiento a sus familiares y la apropiación de los hermanos María Ester (foto), Carlos y Alejandro Ramírez, consumada en 1977, están acusados la entonces secretaria del Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer, la psicóloga María Teresa Gómez y Dominga Vera y Juan Carlos Milone, encargados del "Pequeño Hogar de Belén" de Banfield. Los cuatro civiles deben ser juzgados por el Tribunal que integran los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris.
La decisión "obedeció al estado de salud de dos de los acusados, sobre los que se debe determinar si podrán asistir al juicio, y a cuestiones funcionales que en agosto hubieran complicado el desarrollo de las audiencias".
El fiscal federal Sergio Mola, al pedir la elevación a juicio, consideró acreditado que la psicóloga Gómez y la abogada Pellicer -junto a la jueza Marta Delia Pons, el asesor de menores Raúl Abel Donadío y el funcionario judicial Lisandro Luis Chiavaro, ya fallecidos- sustrajeron y ocultaron a los hermanos "a partir del momento en el que fueron entregados en el Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, en el que cumplían funciones".
De esta forma, impidieron que la familia de los chicos -su padre Julio Ramírez Domínguez y su tía paterna Lucila Domínguez- conociera su paradero.
Cuando estos dos familiares lograron establecer que los niños estaban a disposición del Tribunal, "activa e ilegítimamente impidieron no sólo la restitución a su progenitor y tía, que los estaban buscando y reclamando, sino que también les vedaron cualquier tipo de contacto".
"La familia compuesta por Vicenta Orrego Meza, Julio Ramírez y sus tres hijos Carlos Alberto, María Ester y Alejandro Mariano, ha sido objeto de persecución por parte de las fuerzas de la represión ilegal en el marco del terrorismo de Estado, en virtud de la militancia social desplegada por Julio (acompañado por Vicenta) en la Sociedad de Fomento Bernal Oeste, de la que fue presidente, cuyo objeto era el de bregar por mejoras en el barrio y brindar atención a los vecinos necesitados", reseñó el fiscal Mola.
El padre de la familia "fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 12 de diciembre de 1974" y desde entonces Vicenta y sus hijos "sufrieron una persistente presión del accionar ilegal de las fuerzas de la represión", por lo que debieron buscar protección en la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, pero a la semana el cura Pepe fue asesinado y tuvieron que volver a mudarse.
En febrero de 1977 se instalaron en una vivienda precaria ubicada en Nother y Santa Cruz de la localidad de San José, en el partido bonaerense de Almirante Brown, junto a Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga.
En este último lugar, en la madrugada del 15 de marzo, "un gran número de efectivos pertenecientes a fuerzas conjuntas del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en su mayoría vestidos de civil, fuertemente armados, sin intimación previa alguna rodearon la casa y abrieron fuego contra la vivienda".
"Luego de pedir que cesaran los disparos, Vicenta reunió a sus hijos y los preparó para salir de la vivienda, lo que hicieron por la ventana trasera: primero sacó a Carlos y luego a María Ester. Mientras salía con Alejandro en brazos y portaba un pañuelo blanco, le dispararon a quemarropa en la cabeza", detalló Mola.
Los pequeños quedaron al cuidado de un vecino, bajo la promesa de las autoridades de que irían a recogerlos y como no aparecieron, tras una semana los llevó a la Comisaría de Adrogué, desde donde los derivaron al Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora.
La magistrada Pons no averiguó las circunstancias en las que los hermanos llegaron a los vecinos ni pidió informes sobre los hechos que derivaron en la muerte de su madre.
Según el fiscal Mola, tampoco se intentó buscar a sus familiares "porque no había ninguna intención de entregárselos, sino todo lo contrario".
Pons ordenó que los niños fueran alojados en el Hogar de Belén, donde estuvieron en total seis años hasta que fueron restituidos a su padre y viajaron al exilio, en Suecia, donde actualmente residen.
En su acusación, Mola sostuvo que la apropiación y ocultamiento "pudo acontecer" con intervención de personal del tribunal, porque "la jueza no podía cometer éstos hechos sin la cooperación de otros funcionarios.
Irremediablemente necesitaba el aporte de los responsables de la secretaría y del área asistencial (asistente social y psicólogos)".
La estancia de los menores en el "Pequeño Hogar de Belén" fue un verdadero infierno. La mayor, María Ester, fue violada reiteradamente a partir de los 6 años (entre otros, según la acusación, por el reo Milone) mientras sus hermanitos también sufrían abusos sexuales.
