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La justicia chilena encarceló a ocho dirigentes mapuches bajo el cargo de terorismo

(25/09/17 - Chile)-.El tribunal de la ciudad de Temuco (a unos 670 km al sur de Santiago, la capital) dictó el domingo el fallo contra el líder mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y otros siete activistas de esta etnia, detenidos el sábado en su casa por carabineros (policía militarizada).

“La libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, argumentó el Poder Judicial chileno que acusó a los arrestados de haber estado involucrados en una serie de atentados “ilícitos perpetrados durante el año 2017 en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”.

“Es parte de la persecución política de la que somos objeto los dirigentes mapuche, sobre todo cuando argumentamos con fuerza la reivindicación territorial y política que hoy día lleva adelante nuestro pueblo y las comunidades mapuche”, precisó hace unos días el dirigente mapuche en una entrevista.

La libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, argumenta el Poder Judicial chileno.

Héctor Llaitul, 47 años, fue condenado en 2010 a 25 años de cárcel por el homicidio frustrado de un fiscal; acusación que la comunidad mapuche cataloga como un montaje. “¡Viva la lucha del pueblo Mapuche!”, gritó el dirigente a su llegada al recinto policial.

La falta de una política concreta de devolución de tierras por parte del Estado chileno al pueblo mapuche ha generado acciones reivindicatorias. El pueblo mapuche es el más numeroso de Chile y representa el 10 % de la población, según el censo de 2012.

Los mapuches destacan por su resistencia en América Latina, demostrada tanto contra los colonizadores españoles, como ante la usurpación de sus tierras en tiempos de la república.

Diputados escoceses repudiaron los golpes a la democracia en España

(25/09/17 - Escocia)-.Una veintena de integrantes del Parlamento escocés censuraron los ‘actos antidemocráticos’ y la represión del Gobierno español contra los independentistas catalanes.

Los legisladores enviaron el domingo una carta al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en la que critican las redadas en las oficinas gubernamentales de Cataluña y la detención de sus funcionarios, hecho que consideran “una violación de las normas de la democracia europea”.

La misiva, firmada en su mayoría por representantes del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), pero también por laboristas, liberal demócratas y verdes, denuncia que el Ejecutivo de Madrid está perpetrando “actos represivos contra un gobierno electo, medios de comunicación y ciudadanos” e insiste en que “no son de ninguna forma actos democráticos”.

Los diputados, en su mayoría a favor de la independencia de Escocia al Reino Unido, expresan en su misiva su gran inquietud por “la escalada de acciones del Estado español en Cataluña” y piden a Rajoy respetar el derecho de esta población a la libre determinación.

“Le pedimos a usted y a su Gobierno que pongan en marcha conversaciones con el ejecutivo catalán para facilitar una solución democrática y justa a esta situación”, solicitan los parlamentarios escoceses a Rajoy.

Parte de la comunidad escocesa, incluidos los partidarios del independentista SNP, piden la celebración de un segundo referéndum secesionista, después de que una mayoría de la población optó por seguir formando parte del Reino Unido en una primera consulta realizada en septiembre de 2014. El Gobierno británico, a su vez, advierte de que bloqueará cualquier intento de convocar un segundo plebiscito.

Le pedimos a usted y a su gobierno que pongan en marcha conversaciones con el ejecutivo catalán para facilitar una solución democrática y justa a esta situación”, solicitan los diputados del Parlamento escocés al presidente español, Mariano Rajoy.

El Gobierno español, en sus esfuerzos para evitar la celebración del referéndum catalán el 1 de octubre próximo, ha ido más allá de las advertencias y ha recurrido el pasado miércoles a la fuerza. En este sentido, a principios de mes, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley del referéndum, la Guardia Civil ha recibido órdenes de requisar urnas, papeletas y propaganda y el Gobierno central ha cerrado la web informativa del plebiscito.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, afirma que Rajoy está imponiendo una dictadura por intervenir en la autonomía de Cataluña y ha prometido celebrar la consulta pese a todas las amenazas.

Metieron presa a una funcionaria PRO de La Plata por coimera

(25/09/17 - La Plata)-.el bochornoso hecho protagonizado por la funcionaria del partido de la nueva política ocurrió el viernes pasado en un comercio ubicado en 15 y 66. 

El hecho ocurrió cuando una agente de la Dirección de Bromatología municipal fue arrestada, luego de que le pidiera al comerciante una suma de cuatro mil pesos.

Una agente del área de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de La Plata, que funciona en la Secretaría de Control Urbano, quedó detenida cuando hallaron en su cartera los os mil pesos recibidos de un comerciante.

El carnicero solo le pudo pagar la mitad de los cuatro mil pesos solicitados por la funcionaria, tras lo cual la funcionaria pública se comunicó con la policía para acusa al comerciante

Una vez en el lugar los agentes de la Comisaría Quinta de la capital provincial escucharon el descargo del comerciante quien indicó que la mujer le había pedido cuatro mil pesos y que le solo le pudo entregar dos mil para que no le clausure el local.

Mediante una requisa los uniformados encontraron en la cartera de la mujer identificada como Ana Claudia Andrea Domínguez, de 53 años de edad, la suma de dos mil pesos, situación que coincidía con lo declarado por el carnicero.

La funcionaria quedó imputada por tentativa de cohecho, la causa judicial está en manos del fiscal en turno Álvaro Garganta, el dinero que se le halló fue incautado y se iniciaron actuaciones de rigor bajo las directivas del Comisario Carlos Alberto Córdoba.

La Justicia obliga al Gobierno restituir las pensiones por discapacidad

(25/09/17 - Gestión Macri, Pobreza Cero)-.La Cámara Federal de la Seguridad Social ratificó una decisión de la Justicia Federal y el Gobierno deberá restituir las pensiones por discapacidad mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La Cámara Federal de la Seguridad Social le ordenó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que restituya las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja. Según la cartera que conduce Carolina Stanley, se les quitó la pensión a unas 9.700 personas, sin embargo para la Asociación Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), se trató de unos 170 mil beneficiarios.

Los jueces de la Sala II de la Cámara, Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, dispusieron una "resolución interlocutaria" mientras resuelve la cuestión de fondo. A comienzos de septiembre, la Justicia Federal había ordenado restablecer las pensiones, sin embargo el Ministerio de Seguridad apeló la medida y ahora la Sala II respaldó la primera decisión judicial. En los argumentos, los magistrados manifestaron que su postura tiene el objetivo de evitar que quienes son beneficiarios de esa pensión queden "en el más absoluto desamparo los derechos alimentarios e irrenunciables".

Stanley había manifestado ayer que "devolvimos todas las pensiones dónde se cometieron errores, yo públicamente pedí las disculpas del caso por las situaciones de aquellas pensiones que habían sido dado de baja que no tenían que ser dadas de baja, y justamente como se hizo la devolución mucho antes de que la Justicia exigiera esto".

Con el nuevo fallo judicial, el Gobierno está obligado a restituir todas las pensiones por discapacidad mientras la Sala II resuelve la cuestión de fondo.

Abuelas repudió la concesión de prisión domiciliaria a Patti

(25/09/17 - Memoria Verdad y Justicia)-.La entidad humanitaria que se dedica a la restitución de los niños robados durante la dictadura militar repudió que la justicia otorgara prisión domiciliaria al múltiple asesino Luis Abelardo Patti.

La entidad mostró su oposición a la decisión de la justicia que bajo el formato de prisión domiciliaria, por lo general como resultado de dudosos informes médicos, otorga a los criminales de lesa humanidad el régimen de prisión domiciliaria, a lo que consideraron es una suerte de libertad encubierta. 

Comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo
Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos la decisión del juez del Tribunal Oral Federal de Rosario N°2, Omar Paulucci, quien dispuso que el genocida Luis Abelardo Patti cumpla prisión domiciliaria dentro de una casa ubicada en el barrio privado “Septiembre Country Club” de la localidad de Escobar.

Entendemos que el cuadro de salud que presenta Patti puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza y a través de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, como lo venía haciendo. Llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los trastornos que provocaría a Patti su traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de la cárcel, traslados que deberá continuar realizando desde su nuevo domicilio de privilegio.

Además, resulta preocupante que no se tuviera en cuenta la circunstancia, debidamente acreditada, de que en el desarrollo de los juicios en su contra Patti fingiera afecciones de salud para evitar ser juzgado.

Finalmente, si bien en la decisión judicial se dispuso incorporar a Patti al programa de “vigilancia electrónica”, no se ha ponderado el hecho de que el domicilio se encuentre en un barrio cerrado, lo que dificulta la realización de mayores medidas de control así como una respuesta rápida ante el quebrantamiento de los límites de la prisión domiciliaria.

Por eso además de rechazar el privilegio concedido a Luis Abelardo Patti y exigimos la protección de los testigos que han contribuido a que los responsables de delitos de lesa humanidad sean condenados. En este sentido reclamamos que se adopten medidas para garantizar que las prisiones domiciliarias no se transformen en una libertad encubierta. 

Acusan a trece militares retirados por intervención en el "Caso Quemados", ocurrido hace treinta años

(25/06/17 - Chile)-.La justicia trasandina formalizó la acusación contra 13 militares retirados, al hallarlos implicados en la quema con combustible de dos jóvenes, uno de los cuales murió, durante una protesta nacional en contra de la dictadura militar de Augusto Pinochet ocurrida hace más de 30 años. 

El juez Mario Carroza acusó al grupo por "homicidio calificado" en el caso del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y en grado de "frustrado" en el de la estudiante Carmen Gloria Quintana (foto). El suceso, conocido en la prensa como "Caso Quemados", ocurrió en Santiago el 2 de julio de 1986, cuando los dos jóvenes participaban en una protesta nacional y fueron apresados por una patrulla militar.

Tras golpearlos, los militares a cargo del entonces teniente Pedro Fernández Dittus les rociaron sus cuerpos con combustible, los prendieron fuego y luego los dejaron abandonados en las afueras de Santiago, estableció el juez Carroza. 

Rodrigo Rojas murió más tarde por las lesiones provocadas por el fuego, mientras Carmen Gloria Quintana sobrevivió con más del 60 por ciento de su cuerpo quemado. 

El caso se pudo reabrir en 2015 después de que un ex conscripto rompiera el "pacto de silencio" acordado por los involucados, reseñaron las agencias DPA y EFE. 

La acusación de Carroza es contra los ex uniformados Nelson Medina, Luis Alberto Zúñiga, Jorge Astorga, Francisco Vásquez, Iván Figueroa, Julio Castañer, Leonardo Riquelme, Walter Lara, Juan Ramón González, Pedro Fernández Dittus y Pedro Franco. El fallo señaló además a Sergio Hernández como cómplice y a René Muñoz como encubridor.

Hasta el momento, los 13 ex agentes de Pinochet acusados se encontraban en prisión preventiva, por su responsabilidad en los hechos.

El llamado "Caso Quemados" motivó protestas contra el régimen a nivel nacional y en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, donde residía Rojas de Negri.

Estados Unidos reportó un bombardeo al EI en el desierto libio

(25/09/17 - Libia)-.Washington informó que el viernes pasado realizó “seis ataques aéreos de precisión” contra un campamento de Estado Islámico (EI) en el desierto de Libia y aseguró que provocó la muerte de 17 combatientes de esa organización yihadista.

Los bombardeos, en los que también resultaron destruidos tres vehículos de EI, tuvieron lugar a unos 240 kilómetros al sudeste de Sirte, reportó el Mando Militar de Estados Unidos en África (Africom) en un comunicado citado por la agencia de noticias EFE.

La nota destacó que el ataque se efectuó “en coordinación” con el gobierno reconocido y sostenido por la ONU en Libia, al que calificó como un socio “leal” en el combate al terrorismo.

Agregó que “el campamento era utilizado por EI para desplazar a combatientes dentro y fuera del país, almacenar armas y equipos, y para planear y efectuar ataques”.