Procesaron por administración fraudulenta a Giustozzi y Bolettieri
El ex intendente del FpV, después del Frente Renovador, que disputó y perdió escandalosamente la interna del FpV, al que pretendió volver fugazmente en 2015 y que hoy conforma el grupo de legisladores satélites del PRO, se encuentra en un serio aprieto al que se suma que en apenas 39 días perderá sus fueros.
Darío Giustozzi, cuya última actividad política registrada fue intentar armar un Día de la Lealtad PRO junto al fallecido Gerónimo Venegas en octubre pasado se encuentra en aprietos luego de que el juez federal, Sergio Torres, diera la orden de procesamiento por la investigación donde se lo acusa de administración fraudulenta.
Se trata de una obra de cloacas en Claypole que está finalizada pero que no funciona y de la que ya hemos dado cuenta en notas anteriores en Reporte Sur (se pueden buscar en nuestra intranet).
Además de Giustozzi también está procesado y embargado su ex secretario de Infraestructura y sucesor en la intendencia, Daniel Bolettieri (derecha), actual concejal del Frente Renovador y que encabezara la lista de 1País en las última elecciones, quedando en sexto lugar detrás de Unidad Ciudadana, Cambiemos, FIT, Cumplir y CoPeBo
También lo acompañan en el procesamiento Eduardo Bortolozzi, ex administrador de Enhosa; Lucio Mario Tamburo, ex subadministrador y luego administrador de Enhosa y Luis Carusso, ex director de Hidráulica y Saneamiento del municipio de Almirante Brown.
La causa lleva adelante la averiguación de la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales que si bien se concluyó en el 2015 (había comenzado en el 2009), y se constató que no funciona. Entonces el ex mandatario fue procesado por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de tres millones de pesos.
Las sospechas sobre supuestos malos manejos hicieron que el juez Torres tomara la investigación por orden de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el magistrado detectó irregularidades y luego hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.
Las obras en cuestión estuvieron a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa). En ese marco, una de las irregularidades encontradas es que se hicieron argumentando que sería parte del plan director que estaba a cargo de AySA, pero en realidad no lo era ni había sido avalado por esa empresa estatal. Además, desde el 2011-la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Según publicó infobae.com, el municipio no pidió autorización de la Autoridad del Agua (ADA), se evitó gestionar la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires; se avanzó en la realización del proyecto sin la aprobación de AySA, tampoco fue avalado por la Agencia de Planificación (APLA) un entre tripartido de Nación, Ciudad y Provincia que debía analizar las obras. También se observó que se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental.
Al respecto, el juez expresó que "el suceso bajo pesquisa concluyó en un resultado de perjuicio concreto, consistente en que se realizó una Sistema -conformado por una planta de tratamiento y un colector cloacal- que por sus deficiencias técnicas, inconsistencias constructivas, defectos de diseño e implementación y otras demás falencias estructurales, conllevaron a que sea una obra inútil, inhábil e imposible de ser puesta en funcionamiento".
“Se despilfarraron ingentes recursos públicos en un proyecto que siempre se supo que era ineficaz e inviable siendo que, para poder alcanzar tal cometido, desplegaron una gestión que exhibe un sin número de irregularidades de diversa consideración con las que se pretendió justificar, avalar y esconder esa infiel actuación y el resultado disvalioso aludido", añadió.
Asimismo aseguró que "dilapidaron $ 4.971.753,92", y añadió que “todo lo dicho perjudicó de manera relevante las arcas del estado, además de impedir el atendimiento en debido tiempo y forma, de las problemáticas de salud y ambientales de la zona de influencia del proyecto".
