Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 8:00
Sociedad
(16/12/17 - Lesa Humanidad)-.Dos comandantes retirados de Gendarmería Nacional comenzaron a ser juzgados hoy por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe por los delitos de homicidios agravados y tormentos agravados en concurso real cuando fueron directores interventores de la cárcel de Coronda, durante la última dictadura cívico-militar.
Se trata del comandante retirado Adolfo Kushidonchi, de 78 años, quien está acusado por el homicidio de Raúl Manuel San Martín, muerto en abril de 1979 como consecuencia de las torturas que recibió, y 39 casos de tormentos agravados por ser ejercidos contra perseguidos políticos.
Además, está siendo juzgado el comandante retirado Juan Ángel Domínguez, de 76 años, quien deberá responder por el homicidio de Luis Alberto Hormaeche, fallecido tras sesiones de tortura el 19 de diciembre de 1977, y 39 casos de tormentos agravados por ser sus víctimas perseguidos políticos.
Tras la lectura de las requisitorias de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y de la querella, que representa a la Asociación Civil El Periscopio, conformada por ex presos políticos alojados en Coronda, ambos imputados se negaron a declarar.
En primer término lo hizo Kushidonchi, presente en la sala del TOF, quien dijo que hará uso de ese derecho al final del juicio, y luego Domínguez adelantó que declarará "la semana próxima", en su caso a través de una teleconferencia desde la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, ya que reside en esa ciudad y fue excusado de comparecer personalmente por razones de salud.
En esta causa también figuraba otro ex comandante de Gendarmería, Octavio Zirone, pero murió en Buenos Aires a mediados de 2014.
El tribunal, presidido por María Ivón Vella e integrado además por los jueces José María Escobar Cello y Luciano Lauría, resolvió que los dos imputados sean sometidos a un "examen médico minucioso" que determine si pueden concurrir a las audiencias o no, ante un pedido de que sean excusados por los defensores Claudio Torres del Sel (por Domínguez) y Julio Agnoli (de Kushidonchi).
El fiscal Martín Suárez Faisal no emitió opinión al respecto, pero los querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné se reservaron el derecho de proponer un perito porque "se advierte que la dolencia no es impedimento para concurrir a las audiencias".
En el requerimiento de elevación a juicio, escrito por el fiscal federal Walter Rodríguez, se menciona que ambos imputados deben responder por crímenes de lesa humanidad, homicidio simple cada uno en un caso y 39 casos de tormentos agravados, todo en concurso real.
En el caso del requerimiento de la querella, más extenso y detallado, se menciona que los asesinados San martín y Hormaeche murieron como consecuencia de los tormentos a los que fueron sometidos y a la "falta de atención médica".
El escrito señala que la cárcel de Coronda fue un lugar de confinamiento de presos políticos desde 1974, que en 1975 creció el número y que a partir del golpe cívico militar de 1976 se dio "una llegada masiva de perseguidos políticos y que se agravaron las condiciones degradantes de detención".
En el expediente figura que Domínguez fue director en carácter de interventor de ese penal del 8 de febrero de 1977 al 27 de marzo del mismo año, y del 18 de noviembre de 1977 al 1 de febrero de 1978.
En el segundo de esos períodos fue asesinado el militante Hormaeche, quien terminó muriendo en el hospital Piloto (hoy José María Cullen).
En tanto, Kushidonchi, alias "El japonés", dirigió la cárcel corondina entre el 10 de noviembre de 1976 y el 13 de febrero de 1977, y por un período de varios meses desde el 1 de febrero de 1978, lapso en el que murió asesinado Raúl San martín (el 8 de abril de 1979, cuando era atendido en la sala policial del hospital Piloto).
Tras las lecturas de los requerimientos de elevación a juicio se realizó un cuarto intermedio para dar inicio a una segunda parte de la jornada en la que los dos acusados se negaron a declarar.
Luego, el tribunal escuchó la declaración testimonial del testigo Luis Larpín, a propuesta de la querella, quien realizó un detallado relato de las condiciones de detención que sufrió en Coronda, donde estuvo preso desde noviembre de 1975 a enero de 1979.
Larpín contó que "la tortura era uniforme para todos", que "fue socavando psíquica y físicamente a algunos presos" y sostuvo que "en Coronda no hubo ni errores ni excesos, sino que todos los tormentos a los que eran sometidos los presos formaba parte de un plan orquestado".
